"La violencia contra las mujeres y las niñas persiste porque se permite"
...Ana Güezmes, representante en México de ONU Mujeres
¿Cuántas mujeres más tienen que ser asesinadas violentamente para que las autoridades, o mejor dicho, el estado Mexicano, active los mecanismos legales para proteger y salvaguardar la integridad emocional, física y sexual de las mujeres mexicanas?
¿Cuántas más…? Es la pregunta que desde hace mucho tiempo inunda el aire mexicano como un olor pestilente, creciente, doloroso y difícil de ignorar, pues huele a muerte, a impunidad, a encubrimiento y penetra en cada rincón del país esparciendo sus inmundas características de indolencia e impunidad. Muchos creen que rociando pequeñas dosis de “promesas”, de “compromisos firmados pero no cumplidos”, de “leyes que no se aplican” porque no están bien reglamentadas, o porque las autoridades no cuentan con la capacidad de hacerlo o porque carecen de armonización con otros instrumentos legales, lograrán opacar una realidad que resulta espeluznante y extendida. Creen que la impotencia nos hace ilusas, sin embargo, solo demuestran que el machismo sigue imperando en todos los ámbitos sociales, que la indolencia, la ineficacia, el abandono, la impunidad y la soberbia están por encima de los derechos que las mujeres también tenemos en este país.
La violencia está presente de formas diversas a lo largo de la vida de las mujeres, y aunada a l
a arbitrariedad, la inequidad social, la impunidad social y del Estado en lo que se refiere a procuración e impartición de justicia, contribuyen a agravar esta problemática donde los delitos contra las mujeres cada vez son mayores.
En lo que se refiere a los feminicidios, la violencia institucional y la impunidad también están presentes, muchas veces desde antes de que las mujeres sean asesinadas (algo que es frecuente en nuestros días) y aún después de perpetrado el homicidio, dejando a cientos o miles de familias en el abandono y en la desesperanza....casi nunca encuentran la justicia que merecen.
MUJERES INVISIVILIZADAS
La Secretaría de Gobernación reconoció hace un par de meses que las agresiones contra las mexicanas crecieron 400 por ciento y que lo más preocupante es que los asesinatos son cada vez más crueles. En tanto la Organización de Naciones Unidas en sus lacerantes críticas a México, por su inoperancia para frenar la violencia contra las mujeres, sustentó que más de 800 mil mujeres y niñas son víctimas de la explotación sexual y ratificó que sus informes evidencian que en los últimos años fueron asesinadas al menos 38 mil jóvenes, adultas y niñas en México.
Las mujeres jóvenes de 21 a 30 años de edad representan el mayor porcentaje de las mujeres asesinadas, de las cuales la mayoría de quien ejerce la violencia y, en su caso, el asesinato es el marido, el amigo, el novio, la pareja. Esto habla de los alcances que ha tomado la violencia, y no basta con negarlo, tampoco maquillando cifras ni ocultando casos para que queden en la impunidad, pues lo único que se logra al tolerarla es fomentar y generar más víctimas de violencia.
MILES de mujeres siguen siendo violentadas cada día, desde la violencia más sutil hasta los feminicidios cometidos de formas inimaginables, tanto en ámbitos privados como públicos.
La violencia y brutalidad con que se violenta a las mujeres indica la presencia de una intención de agredir de diversas maneras su cuerpo, antes o después de privarlas de la vida.
El peligro que viven las mujeres no sólo está en los espacios públicos, porque tratándose de la violencia basada en el género, no hay un adentro y un afuera para las mujeres ya que en buena parte de los casos, el hogar que es un refugio ante otros riesgos de la vida moderna, no es un lugar seguro para niñas, adolescentes, mujeres maduras o ancianas que sufren diversas formas de violencia, incluida la privación de la vida.
Sabiendo lo anterior, ¿qué hace el Estado Mexicano para prevenir, atender y castigar tanta violencia contra las mujeres? ¿Acaso se aplican las medidas establecidas en la LGMVLV, como son las órdenes de protección y que garantizan la seguridad y protección de las mujeres, y que previenen un evento que pudiera ser irremediable como es el feminicidio?
ÓRDENES DE PROTECCIÓN SIN EFECTO
Unas 58.000 mujeres fueron víctimas de violencia y buscaron ayuda ante las autoridades en México, pero sólo el 7% recibió protección, concluyó un estudio del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios.
"Estos datos reflejan que persiste el patrón de impunidad y omisión por parte de las autoridades para emitir órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia", previstas en la ley, señala el informe denominado Ordenes de protección en México: Mujeres víctimas de violencia y falta de acceso a la justicia, realizado entre enero de 2011 y junio de 2012.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México establece que las autoridades deben otorgar protección a las mujeres inmediatamente después de que conozcan de hechos o delitos de violencia contra ellas.
La organización, solo obtuvo respuesta de 21 estados del los 27 a los que solicitó información sobre sus registros oficiales. La investigación encontró, sin embargo, que en ocho entidades del país, las autoridades reconocieron no haber emitido ninguna orden de protección.
En el estado de Puebla (centro), donde hubo 6.237 casos de violencia contra mujeres, los responsables dijeron que no emitieron orden de protección alguna porque las "agraviadas son las que no optan por estas prerrogativas".
En otras nueve entidades si emitieron órdenes de protección, pero en una cantidad muy inferior a la de hechos violentos reportados.
Por ejemplo en el Distrito Federal, de 15.276 hechos de violencia solo se emitieron 564 medidas de protección, es decir el 3,6% del total, mientras que en Chihuahua (norte) de 7.342 denuncias de violencia, las autoridades solo liberaron siete medidas de protección, equivalentes al 0,1% del total de casos, indica el reporte.
En otros ocho estados entre los que los que se encuentra el Estado de México, con altos índices de violencia contra las mujeres, no cuentan con un procedimiento mínimo para la emisión de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia.
El reporte señala además que a mayoría de los estados establecen que estas órdenes de protección tienen una vigencia de 72 horas y ningún estado la ha renovado
Entonces, ¿cuántas mujeres, niñas y adolescentes más deben ser desaparecidas, violentadas, violadas y abusadas para que en verdad se tome la debida seriedad en este asunto?
El 31 de agosto de 2012, María, de nueve años de edad, salió de su casa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Iba a la tienda. Quizá compraría dulces, un refresco o algún encargo de su mamá. No se le volvió a ver con vida. Los medios locales reportaron que su pequeño cuerpo fue hallado dos días después: primero la violaron multitudinariamente y después la apuñalaron.
Al igual que esa niña, decenas de mujeres han estado a merced de sus verdugos y han perdido la vida en hechos cada vez más violentos y que no cesan.
Insistimos, ¿Cuántas mujeres más necesitan ser asesinadas para que la sociedad, las instituciones,
los gobiernos y las autoridades reaccionen, para que cumplan con su obligación de proteger y salvaguardar la integridad de los y LAS ciudadanas de este país y ejerzan de una vez por todas los mecanismos adecuados para prevenir y atender con eficiencia y justicia esta grave problemática, sin seguir poniendo en riesgo la dignidad y la integridad de las mujeres mexicanas?.
FEMINICIDIOS EN MÉXICO:
Ninguna mujer debe ser violentada de ninguna forma, y todavía más, NINGUNA debe, ni ha debido morir, asesinada bajo ninguna circunstancia, sin embargo, lo peor de este problema es que no son casos aislados, no va una, dos, cinco, quince o veinte mujeres muertas por cuestión de género….van cientos, miles de mujeres asesinadas a lo largo de tan solo esta década en este país…..¿Y qué se ha hecho o qué se hace actualmente al respecto?, ¿Las familias de las víctimas encuentran justicia; o al menos tienen garantizado el acceso a ella?, ¿Qué medidas se han tomado para evitar, prevenir y atender los crímenes de mujeres y castigar a los agresores y feminicidas?
Feminicidio es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer. Debe haber sido precedido por ciertas características, como por ejemplo:
- tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;
- cuando exista o haya existido una relación de pareja o de carácter conyugal entre la víctima y el agresor;
- cuando se haya realizado por violencia familiar o
- cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, como una incapacidad física, psicológica o emocional para repeler el hecho.
Muchos, muchos crímenes
que se cometen de forma cotidiana cumplen con los requisitos anteriores para configurarlos como feminicidios, sin embargo, muchos casos no son considerados así. Hoy en día, todavía hay entidades donde estos delitos son considerados como "crímenes pasionales" (que no existen), o se argumenta que fueron cometidos por "razones de honor", o que el agresor se encontraba en un estado emocional alterado (justificando así el irracional acto delictivo), culpando, además, a la mujer, que suele ser revictimizada en múltiples ocasiones, aún después de asesinada.
Sobran los pretextos, pero la realidad es una: es sumamente complicado comprobar un feminicidio y, sobre todo, castigar al agresor. Las razones son múltiples: no hay homologación en las leyes federales y estatales, falta de reglamentos, corrupción, impunidad, incoherencia, pues aunque en teoría todos somos "iguales" ante la ley, en la práctica no es así, ya que el machismo prevalece dentro del sistema de justicia, aunado a la ineptitud de algunos servidores públicos, a la falta de interés, indolencia y mil cosas más...
Pero ¿qué pasaría si en lugar de mujeres brutalmente asesinadas, fueran hombres quienes estuvieran padeciendo esta violencia por el simple hecho de ser “hombres”?.
Y no hablo de la violencia que se vive con aquello del crimen organizado y que afecta tanto a hombres como a mujeres (en cuyo caso también existen grandes diferencias), hablo de la violencia de género, la que se basa en la desigualdad y que se comete en lugares públicos, privados, a través de la discriminación, del acoso, de la violencia verbal, emocional, económica, física, sexual y feminicida.
Pongamos un panorama hipotético,
donde ellos tuvieran que pasar todos los abusos que muchas mujeres padecen previamente antes de ser asesinadas, como por ejemplo, que fueran desaparecidos de forma inusual y que cuando sus familiares acudieran a denunciar les salieran con el absurdo argumento: “Seguramente se fue con la novia” o bien, que fueran maltratados por su pareja durante muuuchos años (sí, ya sé que también hay violencia contra los hombres, solo que ésta no tiene su origen en la desigualdad de género, por lo que jamás podrá compararse con la violencia que se ejerce contra las mujeres), o bien, que sufrieran todo tipo de vejaciones, humillaciones y violaciones y que, como muchas mujeres, fueran aislados, mutilados y cercenados, luego arrojados sin compasión alguna en cualquier lugar público (en terrenos baldíos, en banquetas, en autos abandonados, en lotes de basuras), o que sus cadáveres fueran encontrados solo en partes, ya sea en sus propios hogares o el lugar que sea, donde las escenas denotan el salvajismo del que fueron víctimas …Y todo, generado por un odio inexplicable por el simple hecho de ser “hombres”....
¿Qué pasaría si fueran hombres los que formaran parte de “estadísticas no oficiales” (porque para las mujeres no existen cifras oficialmente determinadas por instituciones o personal especializado), donde solo aparecieran como un número "X", dentro de una larga lista de víctimas de crímenes salvajes e impunes?. Si fueran ellos los asesinados vilmente con la frecuencia y las marcas que evidencian la crueldad y el odio ¿existirían tantos obstáculos y requisitos para considerarlos como crímenes por cuestiones de género?, ¿Acaso las instituciones o el Estado mexicano dejarían que las cifras se elevaran indiscriminadamente sin que hubiera castigo para la “presunta asesina o agresora”….Porque hay que recordar que en la mayoría de los casos, la violencia que se comete contra las mujeres es ejercida frecuentemente dentro de sus hogares, por hombres cercanos, familiares, amigos, parejas o ex parejas.
No, definitivamente no creo que se permitiera un genocidio de tales magnitudes, seguramente las leyes se aplicarían sin pretextos ni tardanzas, se impondrían penas máximas, castigos ejemplares y la impunidad no seria tan evidente ni tan descarada.
Pero las noticias sobre cuerpos femeninos que son vejados, ultrajados, abandonados a su suerte, sin ser reconocidos ni buscados por las autoridades, ya no causa asombro, se ha vuelto algo "común" y naturalizado. A casi nadie le importa el dolor causado a las víctimas y a sus familias ni la trascendencia que estos actos conllevan.
Sin cifras exactas, sin una homologación precisa y hasta en algunas entidades de la República aún sin tipificar, los feminicidios van en aumento y en gran parte de los casos quedan impunes, lo que alienta a los victimarios. Actualmente, sólo 19 estados de la República han tipificado el delito de feminicidio en sus códigos penales y, pese a ello, no se ha podido frenar este crimen de odio.
La impunidad es el principal motor que promueve estos asesinatos, pues en la mayoría de los casos no se lleva a los culpables ante la justicia, reconocen organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y el propio Estado mexicano.
....Y así tenemos que vivir las mujeres, siempre vulnerables, con miedo, con terror a ser violentadas en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier sujeto.
ALGUNOS DATOS:
De acuerdo con los Resultados del Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia Contra las Mujeres, análisis presentado por la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, en el Senado de la República, destaca que las nueve entidades que registran una tendencia creciente de homicidios de mujeres son Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Sonora.
De acuerdo con el documento, las zonas más afectadas son la del Noreste (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas), donde el riesgo de muerte en este género “aumentó en más de 400 por ciento en estos años”; y la del Noroeste (Sonora, Baja California, Baja California Sur y Sinaloa), donde se dio un incrmento de 200 por ciento. Además, detalla, se ha percibido un aumento de “riesgo de homicidios de mujeres en la vía pública”.
GUANAJUATO
Durante el periodo 2005 a 2010 la tasa de homicidios por cada 100 mil mujeres pasó de 1.4 a 1.8 muertes en Guanajuato.
Reportes periodísticos y de organizaciones civiles destacaron a mediados de 2012 que en seis años el índice de asesinatos de mujeres se había triplicado. En 2006 ocurrían en promedio 1.6 homicidios de mujeres cada mes, mientras que en 2012 se registraban 5.1 mensualmente. En suma, durante el sexenio, hasta ese entonces, sumaban 254 asesinatos de mujeres, según un informe estadístico de la Procuraduría estatal.
EDOMEX
En cuanto al Edomex, el delito se tipificó desde 2011.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio reportó que de 2005 a 2010 hubo 1003 presuntos casos de feminicidios, sin registro de responsables detenidos. también detalló que existe un “patrón sistemático de violencia contra las mujeres, generado por la falta de investigación, juzgamiento y sanción por el sistema de administración de justicia de la entidad”.
CHIAPAS
Tipificó el feminicidio como delito grave en 2011.
De acuerdo con cifras de la organización civil “Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas”, que encabeza la abogada Martha Figueroa, 85 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2012. La menor de ellas tenía 10 años y fue violada por ocho hombres para luego ser asesinada, mientras que la mayor tenía 85 años y fue atacada por perros, bajo la orden de su dueño.
Ante un incremento en los casos, el procurador estatal anunció el lanzamiento de un programa de prevención de ese ilícito e indicó que el 60 por ciento de las muertes de mujeres se han dado por “desencuentro” entre parejas, pero no por ello dejan de ser feminicidios.
CHIHUAHUA
En un sólo año, de marzo de 2012 al mismo mes de 2013, 73 mujeres fueron asesinadas en Chihuahua, según Ernesto Jáuregui, fiscal especializado en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género. También dijo que más de la mitad de ellas perdieron la vida en Ciudad Juárez.
La situación no es nueva y por ello el pleno de la Cámara de Diputados exhortó a principios de abril al gobernador de Chihuahua, César Duarte, a crear una página electrónica con una base de datos que contenga información actualizada sobre los casos de desaparición y feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua desde 1993.
También se solicitó al Gobernador instruya a la Fiscalía General del estado, zona norte, a entregar a la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, información sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez desde 2008 a la fecha.
DISTRITO FEDERAL
Bajo el título de “Muertes accidentales y violentas”, el INEGI indica que en cuanto a homicidios entre 2000 y 2009 se observó una tendencia a la baja en la capital del país, al descender de 2.4 a 2.2 muertes por cada 100 mil mujeres, pero en 2010 el porcentaje se incrementó.
Entre 2007 y 2010 la tasa de defunciones por homicidios en las mujeres pasó de 2 a 4.4 por cada 100 mil.
El organismo también informó que en las delegaciones Iztapalapa y Coyoacán existe una mayor incidencia de tal fenómeno con 29 y 12 mujeres asesinadas en el periodo mencionado. En tanto que las delegaciones con menor número de homicidios son Cuajimalpa, Azcapotzalco y Tláhuac.
Desde el 26 de julio de 2011 entró en vigor la tipificación del feminicidio en la justicia de la Ciudad de México; sin embargo, desde esa fecha y hasta febrero de 2012, se registraron 30 casos.
En 2012, se contabilizaron 44 feminicidios, de acuerdo con las cifras de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF). La mayoría de ellas tenía entre 19 y 50 años.
DURANGO
El 30 de noviembre de 2011 diputados locales aprobaron las reformas al Código Penal del Estado para tipificar como delito grave el feminicidio, imponiendo sanciones de 20 a 60 años de prisión.
Ese mismo año la entidad se colocó en el cuarto lugar a nivel nacional en incidencia de este crimen al registrase 64.
Reportes de prensa indican que para diciembre de 2012 se tenía un conteo de 63 mujeres asesinadas en todo el año. En noviembre fueron ultimadas tres embarazadas. Sin embargo, en febrero pasado Fátima González Wuizar, directora del Instituto de la Mujer en Durango, reveló que no contaba entonces con la cifra de feminicidios ocurridos en el estado durante el año pasado, pues la Fiscalía General de Justicia es la que se encarga de esas cifras.
Recientemente la misma Fiscalía indicó que se han registrado cinco delitos de este tipo en 2013, hasta el momento en que se escribió esta nota.
GUERRERO
Para febrero de 2011 se había registrado un aumento de más del 60 por ciento en feminicidios, al pasar de 84 muertes en 2005 a 135 ese año, informó la Secretaría de la Mujer.
Al siguiente año, el Observatorio de Violencia de Género de Guerrero “Hannah Arendt”, dio a conocer que desde 2006 había solicitado a las autoridades estatales declarar una alerta de género por el alto número de asesinatos contra mujeres.
Hasta septiembre de 2012 asociaciones civiles contabilizaban al menos 135 mujeres asesinadas ese año.
Sin embargo, la titular de la PGJ de Guerrero, Martha Elva Garzón Bernal, rechazó dos meses antes que existiera un repunte de feminicidios, ya que, de acuerdo a su registro, la mayor parte de las mujeres asesinadas durante 2011 y 2012 "estaban relacionadas con el crimen organizado".
MICHOACÁN
La Red Universal de Equidad de Género de Michoacán aseguró en septiembre de 2012 que la entidad se ubicaba en el tercer lugar nacional en feminicidios, trata de personas y desapariciones forzadas de mujeres.
Las ONGs han urgido a tipificar estas acciones para combatirlas, y es que afectan a las mujeres michoacanas desde la niñez.
Datos de la organización Humanas sin Violencia A.C. indican que las mujeres en la entidad sufren de la violencia en silencio y se niegan a denunciar porque creen que pueden ser agredidas o que sus lesiones no son de importancia, ya sean de carácter físico o sexual. No se dan cuenta que este tipo de actos las pueden llevar a la muerte.
La misma asociación dio a conocer el año pasado que de 2005 a marzo de 2012 se habían registrado mil 343 mujeres que habían sufrido homicidio doloso, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
OAXACA
A tan sólo 8 meses de que se tipificara este delito, se ha registrado un aumento.
En agosto pasado y con 35 votos a favor, la Legislatura local aprobó el dictamen con proyecto de decreto de reformas y adiciones a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales. Las reformas aprobadas al artículo 411 del Código Penal del Estado de Oaxaca establecen ahora que: “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”.
“A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de cuarenta a sesenta años de prisión y multa de quinientos a mil salarios mínimos”, dice el artículo 412.
A la fecha suman más de 197 feminicidios en la administración de Gabino Cué. Tan sólo 19 de ellos han ocurrido en lo que va de este 2013.
El Gobernador Cué Monteagudo, reconoció en un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer el mes pasado, que en su administración, iniciada el 1º de diciembre de 2010, han ocurrido 164 feminicidios, lo que ubica a la entidad entre los 10 estados con mayor incidencia en crímenes de esa índole.
Pero para la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) van 176 feminicidios en la presente administració y en el sexenio de Enrique Peña Nieto el número de mujeres asesinadas creció en un 35 por ciento según estadísticas de organizaciones feministas.
SINALOA
Se trata de un tema pendiente que se ha recrudecido con el entorno violento en el país. Y es que a decir de los expertos mientras antes se violentaba a las mujeres con golpes, ahora se hace con armas.
Reportes de prensa indican que en este estado se registraron alrededor de 90 casos a finales de 2012.
A mediados del año pasado se creó un equipo de peritos forenses especializados en fotografía, balística y criminalística para que investiguen en forma exclusiva los asesinatos de mujeres en la entidad.
SONORA
El estado cerró 2012 con 41 mujeres asesinadas por razones de género de acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Entre las víctimas hubo dos niñas y también personas de la tercera edad.
La mayoría de ellas perdieron la vida por agresiones con arma de fuego principalmente. Hermosillo, Cajeme y Nogales fueron los municipios con mayor incidencia el año pasado.
Y la situación no mejoró este año, pues del 1 al 4 de enero se registraron los primeros dos asesinatos de mujeres del 2013. De acuerdo a análisis preliminares por la agrupación, del 1 al 4 de enero de 2013 se registran ya 2 asesinatos a mujeres.
Los datos estadísticos y circunstanciados son contundentes. Sin embargo, gobernadores de todos los colores y sabores, las directoras de los institutos de las mujeres y congresistas se niegan a avalar la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género que exige la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.
AVG
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) es un mecanismo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, que solicita acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad y tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.
Artículos señalados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.
Esta Alerta de Violencia de Género ha sido negada en varias ocasiones, bajo argumentos insostenibles frente a la realidad: dicen “es que se desprestigiará a mi estado” o bien “que no se cuenta con argumentos y sustentos suficientes”; otras y otros también dicen que “hacemos todo lo posible por evitar la violencia y las atendemos”.
El caso es que en nueve entidades del país se ha levantado la demanda, con datos y cifras, con argumentos diversos. En algunas entidades, incluso, se ha solicitado hasta tres veces esta declaratoria: Guanajuato, Morelos y Nuevo León. La respuesta es no.
Hace unos días, algunos organismos sociales, realizaron la demanda de la Alerta de Violencia de Género para el estado de Hidalgo, debido al alto índice de mujeres asesinadas en dicha entidad y también fue negada. La coordinadora de violencia de género y derechos humanos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, lamentó que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres haya negado emitir la declaratoria de alerta de violencia de género solicitada por organizaciones civiles para la región de Tula y Atitalaquia, en el estado de Hidalgo.
Indicó que en esas zonas ‘‘desde finales de 2012 y a principios de 2013 se encontraron ocho cuerpos de mujeres asesinadas, siete de ellas en el municipio de Tula y uno en Pachuca’’, y añadió: ‘‘No nos sorprende que se haya negado la alerta, porque el obstáculo es el propio sistema, que todo lo vuelve burocrático y engorroso; además, se tiene un reglamento que viola la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; por eso las cuatro peticiones de alerta que se han hecho han sido rechazadas. Se han solicitado para estado de México, Guanajuato, Nuevo León e Hidalgo’’.
Apuntó que hay una nueva petición para decretar la alerta en Guanajuato, pues en lo que va del año han sido asesinadas de ‘‘manera brutal’’ 24 mujeres, pero indicó que la situación se minimiza o se atribuye a crímenes de la delincuencia organizada. Se prevé que en estos días sea analizado el caso por las autoridades, pero las organizaciones consideran que también será negada.
En este país, las mujeres están abandonadas a la suerte de usos y costumbres, de indiferencia institucional, son discriminadas y excluidas, y emitir la AVG significaría reconocer que el Estado no funciona, que no hay justicia y que las leyes son puro papel.
La Alerta de Violencia de Género está descrita, mandatada y legislada desde 2007, en ese lapso se han hecho al menos seis solicitudes formales, tal como lo pide la ley, procedentes del Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Morelos, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, y se han presentado demandas no ajustadas a los términos de la ley en Chiapas, Sinaloa y Veracruz. En todos los casos hay detrás las cifras, los hechos, los diagnósticos y los argumentos.
En Guanajuato, Nuevo León y Morelos la petición de ley se ha formulado hasta tres veces en el último lustro. Los grupos de mujeres, de derechos humanos de la sociedad civil, tal cual lo pide la ley, han sustanciado la petición en estudios sin tacha, yo diría no solo suficientes sino contundentes. En Oaxaca el seguimiento es pulcro y vasto; en Chiapas ni hablar y en Hidalgo sustantivo. Pero nada, es una postura de no reconocimiento infundado y cínico.
Otro argumento banal es que los mandatarios o congresos locales o los institutos argumentan que la declaratoria la debe hacer la Federación, desconociendo los términos de las leyes de acceso a una vida sin violencia locales que los hacen corresponsables y fuera del Estado de Derecho, puesto que esas leyes obligan a los gobiernos a tomar medidas eficaces y preventivas. En la práctica son escurridizos y deshonestos.
¿Acaso las mujeres no valemos? ¿Somos ciudadanas con o sin derechos?. Las mujeres formamos parte de la humanidad, de la sociedad, pagamos impuestos, trabajamos para mejorar los índices productivos, colaboramos en la marcha del país...¿y qué recibimos a cambio? Exigimos el reconocimiento de nuestra presencia, de nuestros derechos, a través de la aplicación de las leyes existentes que salvaguarden nuestra integridad absoluta y una vida libre de todos los tipos de violencia.
Bastaría que las autoridades, todas, de todos los niveles, en todos los encargos, de todas las entidades, cumplieran con el artículo primero de la Constitución Mexicana. ¿Para qué tantas y diversas leyes si ninguna se cumple?. No hay manera de cambiar mentalidades, costumbres y reticencias. La misoginia brilla en todas partes, en cuerpos de hombres y en cuerpos de mujeres. Mientras tanto, las mujeres asesinadas, golpeadas, torturadas, arrojadas a las cunetas de las carreteras, acuchilladas, asfixiadas, ahorcadas, baleadas, vejadas y maltratadas, seguirán esperando justicia....
Desde 2007 es obligación gubernamental construir una base de datos, establecer un sistema nacional que dé certeza sobre el problema, tomar medidas preventivas, vigilar a los medios de comunicación para que no re-victimice a las personas afectadas, crear un fondo de reparación del daño, establecer medidas cautelares, informar debidamente a la sociedad, agilizar las estadísticas de las procuradurías, entre otras muchas cosas. ¿Y…?
El Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF) señaló que ante la constante negativa de los gobiernos federal y locales a emitir declaratorias de alerta de violencia de género y la tardanza en la publicación de la reforma al reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, organizaciones civiles ‘‘trabajan para impulsar un frente de alerta nacional ciudadano’’.
La sistemática negativa de emitir dicha alerta, representa violencia institucional al infringir lo estipulado en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Convirtiéndose así, en un crimen de Estado.
Hasta ahora, ninguna solicitud de AVG ha prosperado y en ninguna entidad se ha procedido a una investigación sobre violencia feminicida.
La solicitud, además de lo ocurrido en 2009 para Guanajuato, ha sido negada para Oaxaca, Nuevo León, Estado de México y hace unos días para Hidalgo, ante lo que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha exigido que se modifique el Reglamento de la Ley General de Acceso, y se eliminen los obstáculos que impiden su procedencia.
La alerta implica realizar las ‘‘acciones inmediatas’’ que se soliciten –entre ellas la investigación, revisión de expedientes, incremento de vigilancia policiaca y mejoría en las diligencias ministeriales, pero lamentablemente, los estados, en lugar de ver la activación de la alerta como algo positivo, lo perciben negativo. Piensan que ‘afectará el turismo’, cuando al contrario, decretar la alerta es un acto de preocupación de la autoridad para que no haya ninguna mujer asesinada.
El año pasado, el comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió una recomendación al país en la que advierte que existen ‘‘obstrucciones’’ para aplicar el mecanismo de alerta de violencia de género.
Ningún nivel de gobierno trabaja de forma comprometida por la seguridad de las mujeres, ni tampoco toma acciones para prevenir y garantizar la integridad (en todos los sentidos) de las mujeres mexicanas. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto Federal como de cada Estado, obliga a las autoridades a presentar un programa de prevención y atención hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que las autoridades deberían estar trabajando para llevar a cabo acciones emergentes, porque los derechos de las mujeres (que también son humanos) están siendo violentados de forma grave e insostenible...y eso no debe permitirse.
Es innegable la existencia de una violencia extrema, estructural y sistemática contras las mujeres, sus cuerpos y su dignidad, enmarcada en una cultura machista y misógina
Es urgente e imprescindible que no continúe reproduciéndose este fenómeno con alcances desastrosos para la sociedad en general, pero sobre todo, para las mujeres, sus hijos y sus familias, por lo que debemos seguir exigiendo que las autoridades correspondientes cumplan con su elemental obligación: impartir justicia y justicia es resguardar la seguridad, tranquilidad, la dignidad y la vida de las mujeres.
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FUENTE:
Para quienes vivimos y quienes no viven en México (y reciben noticias a través de los medios de comunicación, familiares o amigos) sabemos que la realidad es otra: Fosas, quemados, descuartizados, asesinados a quemarropa, secuestrados, desaparecidos, disturbios, homicidios, asaltos, violaciones a derechos humanos, asesinatos de periodistas, desapariciones forzadas, feminicidios, tortura, abuso de autoridad, criminalización de la protesta, persecución, hostigamiento a defensores de derechos humanos, trata de personas, ejecuciones extrajudiciales y una gama de delitos que laceran la sociedad, son algunas de las aberrantes cosas que se han vuelto el pan de cada día y que, aunque muchos grupos de poder se esfuerzan por hacer parecer como casos aislados, en realidad son motivo de atención urgente, incluyendo la atención de organismos de defensa de derechos humanos internacionales. 
