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sábado, 25 de febrero de 2012

Un derecho legal, una pesadilla real: La pensión alimenticia en México



No soy abogada, no estudié la carrera de Leyes. Soy Contadora, sin embargo, como muchas mujeres, conozco cuáles son mis derechos y estoy convencida que debo exigirlos para que sean respetados...a pesar de los obstáculos que la sociedad y las mismas autoridades ejercen, en ocasiones,  para impedir que sean reclamados. 

La labor que he venido desempeñando para visibilizar todos los tipos de violencia contra las mujeres, me ha llevado a conocer  cientos de casos que me comparten por varios medios, o bien, los que escucho de amistades, conocidos o, simplemente, los que sabemos por  las noticias. Las agresiones son cotidianas, pero no es motivo para naturalizarlas. Esta grave situación que muchas mujeres sufren al ser  sometidas, específicamente, a los abusos económicos, me impulsó a consultar a un reconocido abogado, quien cuenta con una gran experiencia en el ámbito legal y docente.

Comparto con ustedes su opinión que, además de ser un pensamiento profundo, objetivo y solidario con este tema, resulta ser una interesante propuesta que debería tomarse en cuenta, pues refleja el nivel de hartazgo y conciencia que la mayoría de la sociedad manifiesta de diversas formas, ante los altos índices de injusticia e impunidad que día a día se imponen de forma descarada, ya que, frecuentemente, los “criterios” de algunos jueces resultan convenientes para los victimarios (ejemplos hay muchísimos), pero nocivos para las verdaderas víctimas. 
Democracia, ¿sin justicia?  
La noción de democracia es muy amplia, y no existe un concepto que prescinda del elemento fundamental, de toda democracia, que es: la justicia. 
El artículo 3º. Constitucional, establece al referirse al sistema educativo nacional que "será democrático considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.” 
A la luz de esta consideración, se puede afirmar, que la justicia es un elemento imprescindible de la democracia, de tal suerte, que un país que se precie de ser democrático deberá enarbolar el valor justicia como elemento fundamental de su existencia política. Ahora bien, la justicia debe concebirse como principio inherente a la convivencia social, el negarse el acceso a cualquiera, al valor supremo de la justicia es condenar al pueblo, a la más negra e ignominiosa de las subsistencias  
En la realidad de este país, se advierte que la justicia y su acceso a la misma, se ha convertido en una ficción, pues basta hojear un periódico, para darse cuenta, que las autoridades encargadas de impartirla hacen burla y escarnio de la misma. La cuestión que apura a esta reflexión, es apuntar que solución se podría aportar, para acabar o al menos corregir, este entorno social. 
Pero si la falta de justicia resulta insoportable, en lo general, lo es más en el ámbito de los conflictos en materia familiar. Resulta ser, en la práctica, una conducta obligada de las autoridades jurisdiccionales, el de negar a los miembros de una familia el más elemental respeto a sus derechos. Así encontramos, con atroz frecuencia, el que un juez se niegue a obligar a un padre, a pagar a sus hijos la pensión alimenticia a que está obligado por mandato de la ley, y que no exista recurso legal por el que se enmiende tal aberración, o en el peor de los casos, someter a los acreedores alimentarios a seguir un dificultoso proceso legal, que en la mayoría de los casos resulta ineficaz. 
He aquí algunas ideas para corregir lo que en la realidad es apremiante y urgente solución:  
* Creación de una Comisión Nacional de Derechos de la Familia. Sería un organismo, al que se sujetarían en sus recomendaciones todas las autoridades, tanto de procuración como de administración de justicia. 
* Darle a los colegios de profesionistas la calidad de interlocutores en asuntos en que no fueran debidamente atendidas las quejas de personas que sufrieran una infracción de parte de autoridades en la atención de sus peticiones en un conflicto familiar. 
* Establecer la colegiación obligatoria y sancionar a aquellos funcionarios que no cumplieran debidamente con sus funciones en el tratamiento de los problemas que se les sometieran.
*Cancelación de la cédula profesional a aquellos funcionarios, que no atendieran debidamente las peticiones que le formularan los querellantes en asuntos de familia. 
 Abogado y catedrático 

Mi eterno agradecimiento a este reconocido y querido abogado, especialmente, por aportar en esta ocasión sus conocimientos, su experiencia y mostrar su empatía a esta labor.  

Las mujeres…¿libres de violencia? 
Los derechos humanos no se votan ni dependen de la voluntad de terceros, se fundamentan, por lo que su reconocimiento, protección, promoción y respeto es totalmente independiente del consenso o acuerdo social. 


Históricamente, las mujeres hemos tenido que luchar por nuestros derechos para ganar espacio en cualquier área de desarrollo: social, laboral, político y hasta familiar. Hemos luchado por evitar la discriminación y adquirir un trato de respeto, digno, equitativo y justo. Sin embargo, falta mucho por conseguir en una sociedad ciertamente machista y mutilante. 

En México, la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en junio de 2011, exige que autoridades federales, locales y municipales diseñen y planeen políticas públicas encaminadas a la promoción y respeto de éstos. La regla de oro en la materia es respetarlos siempre, independientemente de la raza, la edad, el color, el sexo, entre otros. 


Entonces, ¿Por qué los derechos de las mujeres, en un país “democrático”, no son reconocidos ni respetados? Por el contrario, diariamente podemos comprobar que son vilmente pisoteados por quienes se creen superiores o inalcanzables por la ley. 

La labor legislativa prioritaria en materia de derechos humanos debe consistir en proteger a los sectores más vulnerables, entre los cuales se encuentran los niños y las mujeres, con leyes correctamente hechas y que sean aplicadas de forma justa y sin discriminación. 

Las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia, según lo establece la propia Constitución, las leyes que de ella emanan, tanto de carácter federal como estatales, los Códigos, reglamentos y los tratados internacionales, entre ellos, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se describen todos los tipos de violencia contra las mujeres, las formas de prevenir, sancionar y erradicarla y las obligaciones de las instituciones a cargo del Estado. 

Todo lo anterior suena muy bonito teóricamente pero sabemos, con profunda tristeza, que en la práctica no se lleva a cabo. Miles de mujeres de todo el mundo, incluyendo México, hemos sido vulneradas en formas diversas en nuestros derechos fundamentales, entre ellos el que se refiere al de tener una vida digna, económicamente hablando. 

La violencia económica es un abuso constante y permanente, sobre todo cuando se refiere al tema de pensiones alimenticias. En esta sociedad machista, donde los hombres son los principales proveedores, se genera violencia al abandonar a la mujer y a sus propios hijos, ignorando y desacatando su obligación de cumplir con la manutención de su cónyuge y sus descendientes. 

Es innegable la existencia de leyes, ordenamientos, lugares de denuncia, protocolos de actuación e innumerables lineamientos establecidos por instituciones y organismos, sin embargo, lo que no existe es la disposición para aplicar los preceptos legales que protegen los derechos de las mujeres. La corrupción, la indolencia de las autoridades, la ignorancia de ciertas leyes y el machismo, crean un marco de tolerancia y complicidad hacia la irresponsabilidad de los abusadores, y por lo tanto, una grotesca impunidad en la mayoría de las denuncias que las mujeres realizan. 

Desde que se publicó el artículo VIOLENCIA ECONÓMICA: Delito machista encubierto, he recibido múltiples correos de mujeres desesperadas pidiendo ser escuchadas, solicitando información sobre lugares de ayuda, asesoría y, sobre todo, exigiendo justicia. Otras más, simplemente, se han resignado a vivir en la desesperanza, debido a la lentitud e incertidumbre que caracteriza a los procesos legales y que han servido para fomentar hombres (y sistemas judiciales) corruptos, cínicos, desobligados y delincuentes. 

¡No podemos quedarnos inermes ante las atrocidades que se cometen en contra del sexo femenino! 


Marisol, algo de su historia
Marisol es una de esas mujeres que me han brindado su confianza. Su caso será relatado en un próximo artículo, pues su historia amerita ser narrada de forma específica. Por ahora, solo adelantaré que ella lleva casi 9 años pidiendo justicia en los lugares que se implementaron para tales efectos: Tribunales, ministerios públicos, jueces de lo familiar…ha procedido como lo indica el sistema jurídico de este país, con el único objetivo de exigir legalmente que su irresponsable marido cumpla con su obligación de pagar la pensión alimenticia decretada en un juicio y que, por derecho, les corresponde a ella y a las dos hijas que procreó con el susodicho. 

Marisol no ha sido escuchada. Ha invertido muchos años, esfuerzo y dinero para poder exigir el pago de $1 000 (sí, mil pesos) mensuales, de los cuales, prácticamente no ha visto nada. Sin embargo, en el desarrollo de este tedioso y largo proceso, ella y sus hijas han tenido que subsistir y satisfacer necesidades básicas: comen, asisten a la escuela, se enferman, visten, requieren de libros para estudiar…en otras palabras, tienen vida y, por lo tanto, necesidades como cualquier ser humano. Durante todos estos años, Marisol ha cubierto sola todas y cada una de esas necesidades, incluyendo los imprevistos y todo lo que sus hijas han requerido para sobrevivir. 

Indudablemente, Marisol es una mujer digna y valiente, como tantas y tantas que hay, pero esos atributos, así como su fortaleza y el amor por sus hijas, no eximen de su responsabilidad al cobarde con el que se casó. 

Lo más increíble de todo esto, no es la facilidad con la que ese sujeto (omitiré su nombre por el momento) se desentendió de sus obligaciones morales y legales, sino la complicidad de las autoridades. 

Según expresa Marisol en uno de sus correos, el juez y la secretaria de acuerdos (de quienes también omitiré su nombre en este artículo), además de actuar de forma ilegal, ignorando pruebas y leyes, tuvieron el descaro de mostrar su nula ética para realizar la labor de “impartición de justicia” que les fue otorgada por un sistema ineficiente. 

A continuación, un extracto de la amarga y desgastante experiencia que Marisol ha sufrido, por lo visto, de forma interminable: 
"...El juez me dijo que la pensión alimenticia no es un agravio y que lo que yo tenía era dolor y resentimiento a este individuo (su ex marido), que lo dejara ser feliz, que yo era capaz de mantener a mis hijas sola. Hasta ahorita no entiendo cómo un juez puede ponerse del lado de personas irresponsables y golpeadoras y, sobre todo, quitarle la pensión a unas niñas…lo dejaron salir libre, sin fianza y sin ninguna prenda en depósito.  
… muchas mujeres dejan la pensión por no tener problemas y sobre todo por algunas de las anomalías y corrupciones que llegan a existir en los juzgados por parte de algunas autoridades que se dejan sobornar…¡¡¡ ya basta a la impunidad!!! "
Este es el reclamo que Marisol ha hecho en incansables ocasiones… reclamo al que me uno de forma categórica y unánime. 

Marisol, como la mayoría de las mujeres,  NO tiene acceso a la justicia, NO tiene una vida libre de violencia, NO cuenta con el apoyo de las autoridades, no sabe cómo proceder ante tanto abuso, ha utilizado, inútilmente,  los recursos a su alcance para defender un derecho que le corresponde, mientras que el sujeto irresponsable goza de libertad a pesar de su incumplimiento legal;  nadie  lo obliga a cumplir con el pago de pensión alimenticia (la actual y la atrasada). Incomprensiblemente, el agresor cuenta con el apoyo de un juez, del Ministerio Público y de todo un sistema de “justicia” ineficaz, (¿corrupto?) e indiferente a las necesidades y derechos de una ciudadana honorable, responsable y trabajadora y, peor aún, los de sus hijos. En este caso, las leyes y las autoridades protegen a un delincuente, no a Marisol ni a sus hijas. 

El caso de Marisol es solo un ejemplo de muchos que hay y que,, inevitablemente, continúan surgiendo de forma desenfrenada. La impotencia de Marisol es la impotencia de muchas mujeres. 


Otro caso (noticia de publicada en un periódico local): 
La regidora del Partido Acción Nacional en el ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cristina Jiménez, dijo que su ex esposo el precandidato por el PAN  a senador, Cruz Pérez Cuéllar, no le ha pagado la pensión alimenticia de sus tres hijos, desde octubre de 2009; ante los medios de comunicación mostró cuentas bancarias en ceros.  Por lo que le requirió a su ex esposo, pagar a los médicos y hospitales, por la enfermedad de uno de sus hijos. 
Así lo dijo la regidora Cristina: "mi hijo es primero y su padre debe responder a las necesidades de salud, alimentación, ropa, calzado y techo, así lo dice la ley en México" 

Mencionó que todo es muy sencillo para el señor Pérez, "...que pague la pensión alimenticia y gastos médicos de nuestro hijo, no tenemos uno, ni dos, son tres". 

Ella nunca ha recibido el pago de las pensiones de sus hijos, y afirma "manda a decir a los medios: no me importa, no voy a pagar", es lo que más le molesta a la regidora Cristina, considerando que lo que interesa en estos casos es el bien de los niños, por lo que no se le puede permitir que siga cometiendo abusos. 

Dijo que va a mostrar las cuentas, que están ceros, por medio de un comunicado público, la cuenta es conocida por el juez que así lo dictaminó, ahora si el señor no ha pagado, o lo hizo en otra cuenta que lo demuestre con los depósitos, considerando que está incumpliendo un acuerdo legal marcado por un juez. 

Destacó Cristina, que ella mantiene a sus hijos de todo a todo, su papá les paga escuela y algunos regalos que les da cuando quiere, lo demás ella aporta de su bolsa, sin la ayuda de Pérez Cuéllar. 

El caso está en los juzgados, en donde se debe de dar una pronta respuesta de parte de las autoridades.
Dijo la regidora que si se fueran a la mitad de lo que le dan ambos a sus hijos, el precandidato a senador sale perdiendo, además la ley es muy clara, la parte que tiene a los hijos, debe ser reembolsada por la otra parte, en los gastos de la manutención.

Pensión alimenticia: un derecho y una pesadilla para las mujeres 
Entre los mayores desacuerdos en un proceso de divorcio está la pensión alimenticia, pero lograr fijarla se puede volver una pesadilla. 


La pensión alimenticia se define como un deber de solidaridad con la familia, para quien no puede generar su sustento. La pensión alimenticia son todos aquellos medios que son indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades básicas (vivienda, ropas, esparcimiento, educación, asistencia médica y, por supuesto, alimentos propiamente dichos), según la posición social de la familia. 

Para proveer una pensión alimenticia, antes que nada debe de existir un juicio, donde el juez de lo familiar, tiene la obligación de fijar el monto de dinero que el demandado deberá pagar para los hijos menores de edad hasta que finalmente se dicte sentencia definitiva. 


La pensión alimenticia será conforme a quien debe pagarla y quien necesita recibirla, y por lo tanto, el juez será quien delimite el monto hasta un 50% sobre ingresos o patrimonio de quien tenga que darlo. También se puede modificar la pensión alimenticia en el caso de que los ingresos de quien la otorga aumenten. 

Generalmente existe primero una pensión provisional y posteriormente la definitiva. 


Si no se cuenta con los recursos para contratar un abogado, puede solicitarse asesoría gratuitamente en las oficinas de asuntos jurídicos de la entidad respectiva o acudir a los tribunales de la localidad correspondiente y solicitar orientación. 



Incumplir sí es un delito 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que se pueda considerar como un delito el hecho de que un padre de familia deje de pagar la pensión alimenticia que se le fijó, después de un divorcio, para sus hijos o su cónyuge. 


Esta determinación se convirtió en un aval para los códigos penales de los estados que también contemplen esta conducta como un delito; además de que abre la puerta para que en las entidades federativas, en las que no se contemplan este tipo de sanciones, se puedan implementar sin el temor de que sean declaradas inconstitucionales. 


La primera sala emitió una tesis jurisprudencial en la que determinó que “el incumplimiento injustificado del pago de la pensión voluntario configura el delito de abandono injustificado de los hijos o cónyuge”. 


Por lo tanto, será un delito cuando habiendo los recursos suficientes, no se proporcione la pensión alimenticia. En caso de que la persona no quiera pagar la pensión se puede solicitar la pérdida de la patria potestad y denunciarlo penalmente. 


En el caso de que la pensión alimenticia hijos no sea brindada de forma voluntaria por los padres, existen dos vías para reclamarla: extrajudicial, y judicial. 

* Extrajudicial: los progenitores pueden llegar a un acuerdo en cuanto al monto de la pensión alimenticia hijos, sin necesidad de acudir a un juez. 


* Judicial: la justicia dispone de medidas para obligar a que se efectúe el pago de la pensión alimenticia hijos. Las mismas van desde una citación intimatoria, hasta la prisión 


Las cifras 
De acuerdo con estadísticas del tribunal superior de justicia del distrito federal, de los 12 mil divorcios que se tramitaron en el año 2011, 10 mil siguen en litigio por los bienes y por los hijos. 


En la ciudad de México 9 de cada 10 litigios de divorcio fueron de mujeres demandando pensión alimenticia. 


Un estudio efectuado por el centro de estudios históricos e interdisciplinarios sobre mujeres en el año 2004 señala que entre los principales temores que padece una mujer antes de efectuar el divorcio, la principal preocupación son los hijos con un 62% seguido de la situación económica por 43%. 


Por lo anterior, especialistas han propuesto fijar el monto de los alimentos tomando en consideración los medios de prueba para comprobar los egresos del deudos y/o el modo de vida que daba a su familia en los últimos años, además de que cuando no se pueda establecer el monto de la pensión alimenticia con base en los ingresos del deudor, se establecerá con base en los egresos del mismo. 

No perdamos la esperanza.  Informarnos, ejercer TODOS nuestros derechos, defender  lo que nos corresponde, pelear por obtener una vida sin ningún tipo de violencia, denunciar ante las autoridades y públicamente, ser respetas y valoradas,  salvaguardar  nuestra integridad y la de nuestros hijos, no tolerar actos de discriminación, hacer visible todo tipo de abuso, exigir justicia a las autoridades, hacer que el Estado cumpla con las leyes establecidas y exigir que impulse acciones que faciliten el acceso a la justicia y a servicios que beneficien nuestro entorno, insistir para que los agresores sean sancionados y castigados, poner un alto a la impunidad...¡¡son nuestros derechos!!

No permitamos seguir siendo ignoradas, abusadas ni pisoteadas.


Fuentes: 





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