Organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, académicas y periodistas enviarán en los próximos días una carta dirigida a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género en Chihuahua, para manifestar su oposición a la eventual contratación de Carlos Castresana Fernández como asesor en el caso Campo Algodonero, toda vez que pende sobre él una acusación de violencia familiar interpuesta por su ex esposa, la periodista Sanjuana Martínez.
¿Quién es Carlos Castresana?
Castresana Fernández tiene una historia polémica, así que comenzaremos con un breve resumen de su trayectoria profesional:
Abogado nacido en Madrid, España en 1957. Se convirtió en Magistrado y Juez, en los años de 1986-1989, ingresó por oposición en la Carrera Fiscal, en las Fiscalías Especiales Antidrogas y Anticorrupción de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid en España, se convirtió en Fiscal del Tribunal Supremo de España en el año 2005, antes de llegar a Guatemala fue coordinador de la Oficina de las Naciones Unidas sobre las Drogas y el Crimen (ONUDC), en Monterrey, Mexico. En Guatemala fue Comisionado Internacional de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- desde septiembre de 2007 hasta julio de 2010.
En Guatemala, Carlos Castresana dejó una mala impresión entre los ciudadanos, por la “conducta deshonrosa” con la que se desenvolvió en la investigación del asesinato de Rodrigo Rosemberg Marzano, en la que exculpó a una serie de funcionarios públicos que se veían involucrados en sus denuncias y asesinato.
Más información sobre este sujeto:
Luego, a la abogada de la periodista se le presentó una orden de aprehensión girada por la jueza Luz María Guerrero Delgado, del Juzgado Quinto de lo Familiar de San Pedro Garza García.
Fiscal para el caso de Ciudad Juárez:
Hasta el momento, las investigaciones para dar con los responsables de esos crímenes siguen igual que hace 11 años, cuando ocurrieron lo hechos, por lo que hace algunos días, la Fiscalía Especializada informó que se gestiona la contratación de cinco peritos internacionales para coadyuvar en el caso, y entre quienes se encuentra Carlos Castresana.
Lucía Melgar, especialista en género, precisó que su oposición para nombrarlo fiscal se debe al hecho de que se invite a participar –con recursos públicos– en instancias que se ocupan de la violencia contra la mujer a cualquier persona con antecedentes de maltrato.
Melgar refirió que hay cuatro personas más altamente calificadas en la terna en la que se propone a Castresana como perito que bien podrían ocupar ese puesto.
Es hora de que la sociedad mande un mensaje a las instituciones, las diputadas y las funcionarias, de que si realmente se quiere resolver el problema de violencia contra las mujeres debe existir un mínimo de coherencia. No queremos funcionarias autoritarias ni oficinas donde haya acoso, ni expertos sobre los cuales pende cuando menos una acusación.
Asimismo, Gloria Ramírez, académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, acusó que es incoherente que para investigar el feminicidio en la urbe fronteriza las autoridades contraten a un experto en violencia de género que en la vida cotidiana está acusado de violencia familiar, y que además se colude con “jueces y autoridades violentadoras de mujeres”, en alusión a las agresiones que ha sufrido Sanjuana Martínez.
Gloria Ramírez, también coordinadora del Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, afirmó que la juez Luz María Guerrero del Juzgado Quinto de lo Familiar de San Pedro “está en alianza con Carlos Castresana”. Agregó que son de conocimiento público las acciones de violencia contra mujeres por parte de esta juez, tales como la violación de la secrecía del albergue para mujeres víctimas de violencia Alternativas Pacíficas, en la ciudad de Monterrey, y la detención de su directora, María del Mar Álvarez.
Ramírez dijo que el llamado de la academia es una exigencia de coherencia a las autoridades, porque no se puede contratar a un experto en un caso tan delicado para las y los mexicanos como lo es el del “Campo Algodonero”.
Abundó que a todas luces no sólo se violentan cuestiones éticas, sino que se favorece a Carlos Castresana como un experto que conoce todos los mecanismos jurídicos contra la violencia de género, pero que los usa a su favor e incurre en abuso de poder en colusión con los impartidores de justicia.
Y que “sobre todo mantengan una ética coherente con la alta y delicada labor que significa la atención a víctimas de violencia de género y feminicidio, la impartición de justicia o la elaboración de políticas públicas relativas a este tema”.
En el boletín correspondiente a este mes de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Cátedra UNESCO de Derecho Humanos de la UNAM, apareció con el título de acción urgente un texto en el cual los firmantes indican: “manifestamos nuestra preocupación ante la agresión sufrida por la periodista Sanjuana Martínez, por un asunto de violencia que a todas luces puso en evidencia el abuso de poder y la alianza de Carlos Castresana con las autoridades que detuvieron arbitrariamente a la comunicadora; hacemos un llamado a la opinión pública para que los investigadores y expertos que desee contratar la Fiscalía en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por razones de Género seleccione personas que no tengan antecedentes de agresión, sobre todo que mantengan una ética coherente con la alta y delicada labor que significa la atención a las víctimas de violencia de género y feminicidio”.
Ante las gestiones de autoridades federales y del estado de Chihuahua para que Carlos Castresana Fernández, fiscal del Tribunal Supremo de España, sea perito en la investigación del feminicidio en “Campo Algodonero”, en Ciudad Juárez, académicas y activistas exigieron al Estado mexicano que sea “coherente”, y no contrate a “violentadores de mujeres” como coadyuvantes en la indagación del caso.
El Observatorio Ciudadano emitió la “Acción urgente maltratadores fuera de las instituciones”, en el que académicas y defensoras de Derechos Humanos (DH) hicieron un llamado a la opinión pública, funcionarias, funcionarios encargadas de instancias de justicia y de defensa de los derechos de las mujeres, para que las y los expertos que desee contratar la Fiscalía Especializada de Chihuahua o cualquier otra instancia encargada de investigar, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres “no tengan antecedentes de agresión”.
En la acción urgente de las académicas se publica la liga del sitio www.change.org, en el que activistas demandan la expulsión o cese de sus funciones del fiscal Carlos Castresana en una solicitud titulada “Maltratadores estén fuera de las instituciones”. Enlace: http://www.change.org/es/peticiones/maltratadores-fuera-de-las-instituciones
La página web, creada en España, sostienen que el Fiscal en su país el “señor es conferencista y especialista en violencia de género mientras usa, en el país hermano (México), para defenderse a los abogados de los más famosos narcos”.
Entre las firmas de dicha petición para que el fiscal español sea retirado de sus funciones, se encuentra la de la doctora en Sociología, especialista en feminicidio, Julia Monarrez, también profesora e investigadora del Colegio de la Frontera Norte, con sede en Ciudad Juárez, y quien señala que su adhesión es “porque Sanjuana busca la justicia para otras y otros. Ella también necesita vestirse de justicia. No a Castresana”.
Marisela Ortiz, fundadora de la organización chihuahuense Nuestras Hijas de Regreso a Casa, señala: “Estamos en contra de la impunidad y luchamos por erradicar todo tipo de violencia. Castresana no puede ostentarse como defensor de las mujeres cuando ejerce la violencia en contra de ellas. Basta de farsa”.
Irma Saucedo, feminista y especialista en violencia de género, expresa que “no existirá democracia en ningún país mientras haya hombres poderosos que abusan de su poder y funcionarios públicos corruptos, omisos o simuladores”.
Entre otras firmantes de la solicitud contra el fiscal español están las defensoras de DH Isabel Vericat y Mariaurora Mota, la investigadora Clara Fleiz, y Bertha de la Maza.
La Fiscalía apoya a Castresana
En tanto, la Fiscalía continúa con las gestiones para contratar a cinco peritos internacionales para dar con los responsables de los asesinatos de las tres mujeres en Campo Algodonero, ya que hasta ahora las investigaciones siguen igual que hace 11 años, cuando ocurrieron los hechos.
Carlos Castresana es un hombre que intimida y que utiliza su poder para atentar contra su ex compañera. No puede ser el mismo que investigue la verdad en un caso de violencia feminicida, porque no cuenta con la calidad moral para ello, y porque la violencia contra las mujeres es un delito y quien delinque no puede ser el mismo que investigue a otros delincuentes.
Públicamente, Castresana defiende los Derechos Humanos, logra prestigio académico por investigar la violencia contra las mujeres, da "conferencias magistrales" sobre Derechos Humanos, escribe artículos compartiendo su sabiduría y opinión sobre temas diversos, pero en la vida cotidiana es un hombre violento, y de esa manera no puede mantenerse en el escenario público atentando contra lo que él pregona en público.
Maltratadores fuera de las Instituciones
No puede ni debe valorarse, exclusivamente, la experiencia profesional y académica de Castresana (aunque también deberían revisarse los resultados que este señor dio en sus trabajos anteriores, como en Guatemala). El Estado, la Fiscalía o quien quiera contratarlo para el caso del Campo Algodonero, debe valorar también la calidad moral y ética, que este individuo posee, según su historial personal.
El Estado no puede permitirse ser usado para proteger a NINGÚN agresor, ni debe fingir acciones de justicia, por el contrario, debe colocar en el máximo nivel de prioridad nacional salvaguardar la vida de las mujeres y terminar la impunidad.
En otras palabras, proponer a un maltratador de mujeres como investigador en un caso tan delicado y tan olvidado por el Estado como son los feminicidios del Campo Algodonero es una aberración y, por lo tanto, Castresana debe ser retirado.
Fuentes:
