“El Gobierno simula cumplir y mantiene un doble lenguaje. En el plano internacional habla de defender los derechos de las mujeres y promueve legislaciones y órganos y, en el plano interno es omiso o actúa en contra de los mismos”, Gloria Ramírez, coordinadora de la cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM.
Familiarizarnos con el término VIOLENCIA y “naturalizar” las agresiones que nos rodean conlleva un grave peligro, pues dejamos de sorprendernos y horrorizarnos ante una realidad espeluznante. Nuestra capacidad de asombro, día con día, se ve superada ante crímenes cada vez más atroces, ante la recurrencia constante de muertos y la saña con que se violenta y asesina.
Es verdad que la violencia en México ha aumentado de forma terrorífica; sin embargo, ante las situaciones que nos consumen día a día, es imprescindible hablar, nuevamente, de una de las formas de violencia que desangran a este país: LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
Cada día, las mujeres que viven en México desaparecen, son violadas, mutiladas, golpeadas y frecuentemente, asesinadas. Las mexicanas somos víctimas de cualquier tipo de agresiones y discriminación, ya sea de manera pública o privada.
La violencia, en todas sus formas y tipos, está acabando con las mujeres de este país. Desde la violencia sutil, emocional, psicológica o económica, pasando por la sexual y física y, muchas veces, culminando con la violencia feminicida…. nadie toma cartas en este grave y ruidoso problema, por el contrario, pretenden callar, ignorar, minimizar y justificar lo que nos sucede a miles (o millones) de mujeres que nacimos y vivimos este país.
Soy mujer y soy mexicana y, por lo tanto, sujeta a las reglas, costumbres, tradiciones y cultura (machista) que rigen a este país. Diariamente libro una lucha constante con la finalidad de hacer valer los derechos que me otorgan los preceptos establecidos en las leyes. Derechos que, al igual que las demás mujeres y hombres de esta nación, me corresponden con todas las características que conllevan. Sin embargo, muchos de esos “derechos” inalienables, intransferibles y universales, no son inherentes (como teóricamente se definen), pues la mayoría de las mujeres tenemos que aprender a conocerlos para poder exigirlos, emprendiendo así una ardua lucha para hacerlos valer y respetar.
Apegándome al derecho que tengo de libertad de expresión y sin intención de ofender a nadie y, mucho menos, la de afectar la “imagen” que se pretende dar de este país en el exterior con argumentos inválidos como que "la violencia es debida a la interminable guerra antinarco", o bien, afirmando que la seguridad es estable, que existen leyes que se cumplen, que el acceso a la justicia es igual para todos, etc, etc, etc, hoy analizaremos en este post, en base a fuentes de información fidedignas, la cruda realidad que se vive en este país, una realidad conocida por todos y que cada día es más difícil de esconder, pero que algunos insisten en mantener como un gran secreto a voces.
Hoy en día, la violencia contra las mujeres que se padece en este país abarca niveles espeluznantes y refleja la descomposición social y humana que nos invade como una epidemia. Por eso, hoy lanzamos un clamor lleno de angustia, impotencia y desesperanza:
MÉXICO SE DESANGRA DE FORMA CRUEL, INHUMANA Y ALARMANTE POR SUS MUJERES...
….y quienes deben hacer algo al respecto, no hacen nada. Prefieren ignorar, maquillar cifras, culpar al narcotráfico, revictimizar a las mujeres, ocultar información, fabricar chivos expiatorios, o bien, crear leyes que no se cumplen o, simplemente, amenazan y matan a quienes deciden evidenciar la verdadera situación que vivimos las mujeres.
Es un grito angustiante, un secreto a voces, una realidad ignorada y que pretende ser callada...duele, porque ante todo soy mujer y soy mexicana, ambas características consideradas hoy en día como sinónimo de indignación… pero también de impotencia.
Mucha gente de occidente cree que Irán, Afganistán o India son algunos de los países más peligrosos para ser mujer. Lapidaciones, matrimonios forzados, ataques con ácido, violaciones sexuales, entre otros tipos de salvajismos, son practicados contra las mujeres diariamente y justificados bajo el nombre de “tradiciones”, “cultura” o “religión”, cuando en realidad se trata de graves agresiones disfrazadas de doble moral, de violencia extrema, machismo puro y misoginia.
Por ejemplo, la legendaria práctica de la lapidación, tiene como fundamento primordial la idea de hacer sufrir a la víctima al máximo, es decir, torturarla hasta matarla. La indefensa víctima muere lentamente, apedreada, a mano de varios verdugos. Es un crimen y una evidente violación a los derechos humanos que no debería ser tolerada bajo ningún argumento.
Sin embargo, a pesar de que Amnistía Internacional ha denunciando la brutalidad de esa agresión, sigue siendo un castigo legal al adulterio en varios países como Pakistán, Irán, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, entre otros, del norte de África.
Sakineh Ashtianí, mujer iraní, fue condenada a morir lapidada en 2010 por adulterio. La noticia fue rechazada por muchos países del mundo que manifestaban su repudio ante dicho acto salvaje. Otro caso que conmocionó al mundo es el de Najiba, una joven afgana de 22 años, quien fue ejecutada por su esposo. El sujeto le pegó 13 tiros por la espalda después de que un juez tribal la sentenciara por adulterio. Su asesinato provocó que mucha gente alrededor del mundo reprobara las costumbres musulmanas por propiciar asesinatos enmascarados de justicia divina.
La relatora especial de la ONU sobre violencia de género, Rashida Manjoo, alertó que este flagelo es una tendencia global que crece. Ya sea como asesinato, homicidio, feminicidio o crímenes de honor, estas manifestaciones de violencia están arraigadas cultural y socialmente y continúan siendo aceptadas, toleradas y justificadas con impunidad como norma. Manjoo afirma que los asesinatos de mujeres son un crimen de Estado cuando son tolerados por las instituciones públicas y oficiales.
En América el odio y la discriminación se están propagando a niveles alarmantes, ya sea por cuestiones de género, raza, etnia u orientación sexual y religiosa. La violencia no respeta fronteras, creencias, idiomas, nacionalidades ni ninguna característica en especial, pero en el caso concreto de las mujeres, sigue incrementándose a un ritmo veloz, con rasgos que determinan cada vez más odio y con claras muestras de indolencia e impunidad.
Si bien en cierto que en México no existe la práctica “legal” de la lapidación como en otros países donde es llevada a cabo a través de un "juicio" pernicioso que, entre otras barbaridades, establece un determinado tamaño de piedras para “castigar” a una mujer por cometer el “grave e imperdonable” delito de adulterio (muchas veces inventado) o bajo cualquier otro pretexto, debemos aceptar que aquí se cometen crímenes similares, donde muchos entes masculinos gozan con ver el sufrimiento de una mujer.
También es cierto que en México, la cultura no nos obliga a usar una “burka”, pero ¿qué sucede cuando una mujer que vive aquí, haciendo uso de su libertad y del derecho a decidir, opta por usar una minifalda, algún escote o unos jeans ajustados? De inmediato se le juzga y se le califica de “provocadora”; si es acosada en la calle, trabajo o escuela (o en el peor de los casos, violada), se culpa a la mujer, a su comportamiento, a su vestimenta, a que salió tarde, o porque tomó cerveza…pretextos injustificables para cubrir todo tipo de atropellos, agresiones, abusos y cualquier clase de violencia en contra de nosotras.
En México, sí existe la "costumbre" o "tradición", generalmente en las comunidades indígenas, de casar a niñas con hombres mayores, es decir, venderlas o cambiarlas por cualquier cosa.
Por lo tanto, no sólo en lugares recónditos y lejanos se cometen atrocidades de magnitudes inimaginables. Los crímenes contra las mujeres (con variantes o sin ellas) suceden en otras partes del mundo, en civilizaciones y culturas con idiomas y creencias diferentes… incluyendo a países como México.
México es uno de los países que, lamentablemente, encabeza la lista donde la violencia contra las mujeres es ignorada, encubierta e impune. Es un grave problema que el gobierno Federal no ha podido (o querido) solucionar.
Habrá quienes no estén de acuerdo con esa afirmación y argumenten que en este país las mujeres y los hombres de todas las edades vivimos en una sociedad de respeto, de igualdad y de derecho, tal y como lo dicta la Carta Magna. Bajo este supuesto, podría pensarse que TODAS las mujeres somos valoradas por la sociedad, que gozamos plenamente de nuestros derechos, que tenemos acceso a los sistemas de salud y de educación, que podemos decidir libremente sobre nosotras y sobre nuestro cuerpo y, sobre todo, que tenemos garantizado nuestro derecho a la seguridad y a la justicia.
¡Mentira!, la gravedad de la violencia contra las mujeres en este país es un secreto a voces, bastaría con preguntar la opinión de los familiares de las miles de mujeres desaparecidas y asesinadas en cada uno de los estados de la República Mexicana, de las víctimas de violación cuyos agresores raramente son castigados, de las mujeres que tenemos que pelear en juzgados, indefinidamente, nuestro derecho a una pensión alimenticia, enfrentando procesos lentos e inciertos porque los sujetos cónyuges (o ex cónyuges), además de maltratadores, son irresponsables; de aquellas que buscan trabajo y no lo encuentran por cuestiones relacionadas con la discriminación, de las mujeres maltratadas que viven en la privacidad de sus hogares los insultos, la violencia económica o fuertes golpizas, muchas veces terminando en hospitales o en fosas comunes, o bien, de las miles de mujeres que trabajan o estudian y que sufren del acoso sexual en las calles, en sus trabajos y en sus escuelas al salir diariamente a cumplir con sus actividades.
Es un secreto a voces… que la mayoría de las mujeres de este país trabajamos más horas, pero ganamos menos y se nos exige más dentro del trabajo y fuera de él. Las mujeres, salvo excepciones, tienen que cubrir dobles o triples jornadas para poder mantener sus hogares, donde la mayoría de ellas ejercen el papel de “proveedoras únicas”, pues no cuentan con el apoyo de sus parejas o ex parejas, pero tampoco del Estado, quien no aporta escuelas de tiempo completo o de guarderías realmente dignas y seguras.
Es un secreto a voces… que las mujeres de este país somos continuamente violentadas, desde la niñez a través de la violencia intrafamiliar, durante el noviazgo y en nuestros posteriores matrimonios por nuestras parejas. Pero también en la calle, en los medios de comunicación y hasta por nuestros vecinos, y compañeros de trabajo.
Es un secreto a voces... que las mujeres NO tenemos acceso a la justicia, nuestros derechos fundamentales son violados sistemáticamente, y hemos tenido que aprender a vivir entre abusos, muerte, impotencia e impunidad, porque quienes deben imponer penas y castigar a agresores, delincuentes y asesinos, simplemente, no lo hacen.
México es un país donde a las mujeres nos siguen tratando de manera desigual en muchos aspectos, donde nuestra libertad y hasta la de nuestro cuerpo están coartadas y donde seguimos siendo prisioneras de estereotipos y moldes en los que muchas de nosotras ya no queremos encajar.
En este país se sigue demostrando que la violencia de género es un asunto menor, al que “atacan” con medidas parciales e ineficientes, ignorando que casi 52 por ciento de la población, está constituída por mujeres y nosotras también merecemos vivir en un ambiente de igualdad y de justicia.
Es una realidad que en el país el feminicidio ha aumentado un 68 por ciento. Además, en 15 meses desaparecieron 3 mil 140 mujeres y niñas en nueve estados del país y las procuradurías no hacen efectivos sus mecanismos de búsqueda, aludiendo que ellas se fueron “por su voluntad”.
No ha caído ni el mínimo peso de la ley contra quienes ultimaron la vida de 13 mujeres periodistas, ni sobre quienes amenazaron de muerte, encarcelaron y persiguieron a 100 reporteras. Tampoco se han esclarecido las muertes de 11 defensoras de Derechos Humanos que protegían la vida e integridad de personas de su comunidad.
El Estado tampoco ha invertido recursos suficientes para implementar programas para la educación de igualdad de género; mientras que en un grave retroceso 17 estados aprobaron leyes contra la interrupción legal del embarazo, incluso en casos de violación, provocando un clima de persecución contra las mujeres. Todo esto sucede en todo el territorio nacional, no es cuestión de zonas, comunidades o estratos sociales….sucede en todo el país.
Sin justicia ni esperanza para sus mujeres.
En aquella ciudad fronteriza comenzó a hablarse de feminicidio después de la aparición de decenas de mujeres violadas, mutiladas y asesinadas, además de la gran cantidad de casos de mujeres desaparecidas y de los escasos resultados de la justicia para detener a los asesinos, y con ello, controlar la violencia sistemática contra las mujeres. Y, lamentablemente, esta situación prevalece hasta el día de hoy. Recientemente la Organización No Gubernamental (ONG) “Nuestras hijas de regreso a casa” informó que durante el pasado mes de junio se reportó la desaparición de 18 mujeres jóvenes en esta frontera.
Javier Juárez, periodista, activista, investigador y autor del libro Desaparecidas en Ciudad Juárez, ha denunciado que: “Hay un genocidio de niñas en Ciudad Juárez. Nos enfrentamos a una red feminicida que consigue menores de ciertas características, las retiene en casas de seguridad, no para explotación sexual, sino para utilizarlas en actos sádico-sexuales y luego desecharlas, porque saben que tienen total impunidad. En la actualidad, las cifras de asesinatos de mujeres son peores que en los 90 o en la década del 2000. Hubo un boom mediático sobre el tema y como ahora ya no se habla de eso, porque dicen los medios que es un tema ‘trillado’, se piensa que todo acabó, pero no. Hoy es más terrible”.
Así es…no hay castigo para los verdaderos culpables, no hay avances en las investigaciones por parte de las autoridades, no hay justicia ni esperanza para las familias de las mujeres desaparecidas y asesinadas y, por lo tanto, en la actualidad siguen desapareciendo mujeres y, en la mayoría de los casos, siguen siendo asesinadas salvajemente.
1) La violación y muerte de Jessica Lucero en Ecatepec, una niña de tan solo 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en el Estado de México. Fue violada el 12 de Junio, denunció al agresor y un mes después fue violada nuevamente y, finalmente, asesinada. Carlos García “El Quico” violó a Jessica la primera vez, se sintió con derecho pleno sobre el cuerpo de ella; cuando Jessica denunció al violador afirmando que su cuerpo no era posesión de “El Quico”, la detención de éste fue condicionada a que la familia de Jessica “pagara” dos mil pesos para agilizar la investigación. Los escasos recursos con los que cuenta la familia impidieron que pudiera pagar ese dinero y en cambio las amenazas sobre Jessica y su familia se vinieron encima. Un mes después de la denuncia, el ensañamiento y la violencia excesiva se hicieron presentes de nuevo sobre el cuerpo de Jessica: la violaron –presuntamente- dos sujetos distintos a “El Quico” quienes además la apedrearon hasta causarle la muerte. ¿Acaso su crimen no es una forma de lapidación?
2) La violación tumultuaria y asesinato de Yuridia Valente en Nezahualcóyotl. Yuridia tenía 22 años de edad y seis meses de embarazo. Fue violada tumultuariamente, golpeada, estrangulada y baleada, de sus asesinos aún no se sabe nada.
3) El asesinato de Fernanda Esparza en Coacalco. A Fernanda Esparza de 19 años, los golpes y puñaladas la llevaron a la muerte, su presunto asesino era, además, su pareja sentimental.
4) El abuso sexual y asesinato de Sonia en San Juan Tezompa. Sonia, una chica de 16 años, estudiaba la preparatoria y trabajaba en una tienda de regalos para ayudar a su familia, su cuerpo con señales de ataque sexual fue encontrado en un baldío.
Cabe mencionar que todos los hechos anteriores ocurrieron en el Estado de México en el lapso de una semana.
Las historias personales de las mujeres víctimas de violencia y, en su caso extremo, el feminicidio, dejan de tener impacto cuando los casos quedan reducidos a datos en las cifras generales de los muertos que son resultado de la lucha frontal contra el narcotráfico o en las cifras de crímenes sin resolver, cuando en realidad deben tratarse como un fenómeno por separado.
Los casos de Jessica, Yuridia, Fernanda y Sonia pueden tipificarse como feminicidios; es decir, asesinatos de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres; son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres.
No obstante, las víctimas siguen siendo revictimizadas, pues muchos de los crímenes que se cometen contra las mujeres permanecen en la impunidad, ante la indiferencia del Estado Mexicano para investigar y procesar a los culpables. En la mayoría de los casos, intervienen, además, la poca disposición de la justicia para investigar y resolverlos, la corrupción de las autoridades, la politización de los casos, la creación de chivos expiatorios, la liberación o la no persecución de los culpables y un largo etcétera que impiden que las recientes leyes de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia garanticen una vida, en verdad, libre de violencia hacia nosotras.
¿Cuántas mujeres más deben ser violadas o muertas a golpes? ¿Por qué las personas que eligen la vía legal para hacer justicia, mueren o desaparecen sin acariciar levemente el derecho que tienen de accesar a ella? ¿Por qué ante la cruel realidad los gobiernos de los Estados, y el mismo gobierno Federal, se niegan a tomar medidas urgentes y categóricas que permitan eliminar o, al menos, reducir la violencia contra las mujeres de este país?
Hace algunas semanas, un informe realizado por la fundación internacional Thomson Reuters, determinó que México es uno de los peores países para ser mujer, ya que ofrece a su población femenina muy escasas oportunidades de participación política y acceso al trabajo y la salud, al mismo tiempo que la expone a graves condiciones de violencia y desigualdad.
De acuerdo con el estudio, realizado por 370 expertos en temas de género y políticas públicas, México ocupa el lugar 15 en un ranking que evalúa las condiciones de vida de las mujeres en las 19 economías más grandes del mundo, sin contar a la Unión Europea.
Dicho análisis toma en cuenta diversos aspectos en siete categorías: acceso a recursos económicos, oportunidades de empleo, participación política, calidad de los servicios de salud, protección frente a la violencia, así como ante la trata de personas y combate a la esclavitud, además de incluir una evaluación general de los especialistas.
El resultado del estudio es que México es una de las naciones donde las mujeres tienen menores oportunidades de desarrollo y están más expuestas a la violencia, sólo detrás de India, Arabia Saudita e Indonesia. Los tres primeros lugares de la medición correspondieron a Canadá, Alemania y Gran Bretaña.
Entre los factores que ubicaron al país en ese sitio se encuentran sus condiciones de violencia física y sexual contra migrantes; la cultura del machismo; falta de investigación de los feminicidios de Ciudad Juárez, y los enormes niveles de pobreza y marginación en zonas rurales o indígenas. Hay graves rezagos en cuanto a factores relacionados con el acceso de las mujeres al empleo, la justicia, la salud y la educación; la esperanza de vida, y la protección frente a la violencia, entre otros elementos.
En el tema de los derechos de las mujeres en México, existe un marco legal que establece cuáles son, pero la realidad indica que no son respetados en la práctica, pues seguimos padeciendo discriminación en el seno familiar y en los centros de trabajo; hay diferencias en el sueldo de hombres y mujeres, y siguen existiendo prejuicios de la sociedad machista a los programas de género.
¿Esto es el reflejo de que México avanza hacia la construcción de una cultura de equidad y justicia para las mujeres?, ¿Acaso todo eso indica que las mujeres podemos vivir tranquilas y que éste es un país seguro para nosotras?
VIOLENCIA EN EL HOGAR:
En seis años, los crímenes atroces contra mujeres, los cadáveres mutilados y la tortura sexual ganaron terreno, sin embargo un fenómeno más sutil, pero igual de trágico prevalece en todo el país: la violencia de pareja y en el hogar.
Más de 300 mil mujeres en México son prisioneras de la autoridad patriarcal. Encerradas bajo llave por sus esposos, concubinos o padres (en orden de importancia), enfrentan todo tipo de violencia, incluso graves lesiones físicas que en ocasiones culminan en homicidio.
La falta de detección de violencia, la carencia de infraestructura, el uso de lenguas no habladas por los prestadores de servicios y la diversidad religiosa detonan que mujeres, hijas e hijos sean violados, discapacitados, lesionados y afectados en su desarrollo y en el patrimonio familiar a causa de la violencia doméstica.
Con el pretexto del combate al crimen organizado, las autoridades dejaron de prestar atención a los golpes, insultos y vejaciones que viven las mujeres a manos de sus esposos o parejas, muchas veces dentro de sus casas. La académica Lucia Melgar asegura que mientras el gobierno federal se concentró en la lucha contra las bandas del crimen organizado, no se ocupó de las batallas que día a día libran las mujeres golpeadas, insultadas y en ocasiones obligadas a tener relaciones sexuales con sus maridos o parejas.
La cultura de violencia en la pareja –así como en la familia, el hogar, la comunidad, el trabajo y el ámbito escolar– persiste pese a las instituciones y leyes creadas para favorecer la igualdad, la no discriminación y contra la violencia de género.
“Los porcentajes son sumamente altos, el problema de la violencia contra las mujeres es sumamente grave y desde luego muy preocupante”, advierte la docente, a la vez que critica que tal situación pase desapercibida.
Una de las conclusiones a las que llega Melgar –quien también ha investigado el feminicidio en Ciudad Juárez– es reafirmar que uno de los lugares más peligrosos para las mujeres es su propia casa.
Basta consultar la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (Endireh) que revela que en los últimos cinco años, lejos de disminuir, la violencia en la pareja o la familia aumentaron, ya que en 2006 el 43.2 por ciento de las mujeres encuestadas de 15 años y más fue víctima de algún episodio violento, pero para 2011 el porcentaje pasó a 46.1. Según dicha encuesta, si el total de mujeres casadas de 12 años o más era de 22.4 millones en 2010, aproximadamente 10.3 millones de mujeres han sido maltratadas hasta el 2011.
Esta violencia sorda y muda en el hogar tiene sus orígenes en varios factores. Algunos de estos son el impacto del ingreso económico en el hogar, la convivencia de la familia en espacios cada vez más reducidos y el machismo imperante en la sociedad mexicana. La sociedad tiende a ver la casa como un ámbito privado, ajeno a lo público y a las leyes.
Los insultos, golpes, peleas, cuestionamientos y amenazas en casa no son del interés de la sociedad ni del Estado. “En lo privado se hace lo que se quiere, y estamos en una sociedad machista que justifica la dominación, donde se enseña a las mujeres a obedecer. Esa es la violencia más grave porque es cotidiana, se hace tras la puerta, porque es impune, porque todavía hay mujeres que se avergüenzan de decir que sus maridos las maltratan, porque además se echa la culpa a las víctimas”, señala la experta.
“Como la mujer tiene que maquillarse sus golpes, curarse como puede, decir que se golpeó con la puerta o que se cayó por las escaleras... Mientras no llegue al hospital ése es su problema”, dice Melgar al señalar que al parecer al Estado se le olvidó atender este tema.
El 29 por ciento de las mujeres encuestadas en la Endireh dijo estar de acuerdo en que “si hay golpes o maltrato en casa es un asunto de familia y ahí debe quedar”, lo que revela que aún se cree que este asunto no le compete a las autoridades.
A través de su activismo y labor en el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), de la UNAM, y en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), en el Colegio de México, Melgar comprobó que las leyes no son suficientes ante un fenómeno histórico como éste.
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A…¿UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA?
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Dicha violencia está basada en el sometimiento, discriminación y control que se ejerce sobre las mujeres en todos los ámbitos de su vida, afectando su libertad, dignidad, seguridad e intimidad, violentando así el ejercicio de sus derechos.
Sin embargo, esas legislaciones consideradas en su momento como un “gran avance” son tan amplias en cuanto a las definiciones de violencia que carecen de mecanismos de exigibilidad; por el contrario, las normas penales contienen definiciones muy limitadas y son inoperantes. Además, no es posible una mejor justicia debido a las contradicciones entre los códigos estatales y estas leyes relativamente “nuevas”.
Pese a las leyes, nada se hace por detener las agresiones cada vez más salvajes y con notables cargas de odio.
Entre 2007 y 2010 se promulgó la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, y similares en prácticamente todo el país, donde se establece en su artículo 22 que la Alerta de violencia de género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos,
La Alerta de Violencia de Género, es una medida que prevé la LGAMVLV para combatir la violencia feminicida, pero al solicitarla, en la mayoría de los casos, ha sido denegada, incluso por los Institutos de las Mujeres, debido a que no es entendida cabalmente.
Este recurso que pudiera servir para cesar la violencia contra las mujeres y que además es un derecho que tenemos nosotras, no ha sido implementado por las autoridades, a pesar de los altos índices de violencia y feminicidios. Los estados que han rechazado la Alerta de Violencia de Género son Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León.
Las solicitudes han sido denegadas, entre otros motivos, por la inconsistencia de la ley y su reglamento. No existen hasta hoy reglas de operación para emitir la declaratoria de la Alerta , pese a que de 2008 a 2011 se otorgaron 19 millones de pesos (más de un millón de dólares) para un Fondo Nacional para la Declaración de la Alerta , de los cuales se ha ejecutado un millón 300.000 pesos (aproximadamente 100.000 dólares).
La asesora externa del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) advirtió que "aunque hubiese esta alerta, el tema es mundial, porque las mujeres siempre ocupan menos espacios que los hombres".
García Vázquez agregó que en mayo del 2012 cambió el Código Civil del estado para apoyar a las mujeres, y si un hombre se roba a su novia recibe castigo por secuestro, sin embargo, lamentó que la población femenina desconozca sus derechos.
Destacó que una solución es que tanto diputados como autoridades estatales deben destinar recursos para crear un fondo específico para difundir información o capacitar a las mujeres sobre sus derechos.
Además, detalló que la entidad es la única en todo el país en establecer mecanismo legales e instituir autoridades específicas dedicadas a la protección, prevención y sanción de feminicidios….entonces, ¿por qué sigue habiendo tantos feminicidios en esa entidad?
Todo parece indicar que quienes determinan las Alertas de Género se preocupan más por proteger la imagen de los gobernadores y procuradores que la vida de las mujeres.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio realizaron un diagnóstico en México, para conocer el estado que guarda la implementación de las órdenes de protección establecidas en las leyes estatales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Se solicitó información vía transparencia de esta medida en 27 estados del país, y 10 no proporcionaron información, entre ellos, Jalisco.
En el caso de Jalisco, dijo la abogada del observatorio, Yuridia Rodríguez, se solicitó información al Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) quien respondió que no es la encargada de fiscalizar que se entreguen estas órdenes, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco no contestó.
La investigación reveló que desde 2008 hasta mediados de 2011, en México se entregaron 745 órdenes de protección a mujeres, de las cuales, 93% fueron en la Ciudad de México.
A estas alturas, las campañas publicitarias, los refugios de seguridad, la Alerta de Violencia de Género (AVG), las órdenes de protección y las denuncias ante el Ministerio Público, no ayudan a las mujeres a tener “una vida libre de violencia”.
Para Rodolfo Domínguez, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la LGAMVLV es “una gran norma teóricamente hablando”, pero no en la práctica: “Nos enfrentamos a una política de simulación por parte del Estado. Se está generando un marco normativo que sólo se queda en lo legal. No se aplica ni hay efectos reales que se reflejen en una mejora de las condiciones”.
Desde 2006 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) recomendó al Estado mexicano tipificar el feminicidio en todo el país, y si bien el mandato se cumplió lo cierto es que este delito va al alza (.entre 2007 y 2009 el feminicidio en México se incrementó un 68 por ciento a nivel nacional)
A más de cinco años de que la Ley General entró en vigor, el feminicidio se ha tipificado en sólo 14 entidades del país. Guerrero fue el primer estado en tipificar el delito en diciembre de 2010. Le siguieron durante 2011 y 2012 el Estado de México, Guanajuato, Morelos, Distrito Federal, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Veracruz, Chiapas, Durango, Sinaloa, Tabasco y Baja California.
Las definiciones de feminicidio en estos 14 códigos penales son diversas, ya que mientras algunas integraron las propuestas de organizaciones feministas, otras como la del Código de Guanajuato no retomaron las observaciones de las expertas en el tema.
En un informe denominado “Feminicidio e impunidad en México: Un contexto de violencia estructural y generalizada”, presentado ante el Comité de la CEDAW, se indica que en Tamaulipas, por ejemplo, se deben acreditar al menos tres de las circunstancias que prevé el delito –artículo 337 del Código Penal estatal–, entre ellas que la víctima presente “indicios de violencia física reiterada”. Además deben existir “antecedentes de violencia moral o acoso del sujeto activo en contra de la mujer”. Esto ha generado que abogados y operadores jurídicos difícilmente puedan acreditar este tipo de circunstancias.
Distintas entidades aún no han adecuado el tipo penal de feminicidio con otros delitos afines (los diferentes tipos de homicidio), por lo que la tipificación no será efectiva sin que haya una reforma integral a las leyes y marcos normativos. Por ejemplo, San Luis Potosí no modificó la norma para ordenar protocolos de investigación, sistematización de la información y sanción a servidores públicos que incurran en acciones u omisiones en el delito de feminicidio.
En el DF tampoco se incluyó una obligación expresa para crear registros sistemáticos de casos de feminicidio, mientras que en Chiapas, Colima, Morelos y Veracruz, si bien se contempló una reforma integral para erradicar el delito, a la fecha estas entidades carecen de protocolos que garanticen una investigación adecuada con perspectiva de género.
De acuerdo con el OCNF, entre enero de 2010 y junio de 2011 en 24 estados al menos 2 mil 273 mujeres fueron víctimas de feminicidio.
La tipificación del feminicidio como delito grave en México sigue en proceso. En Chihuahua y Nuevo León, donde este delito ha ido al alza, los congresos locales siguen sin tipificarlo a pesar de la exigencia de organizaciones de mujeres.
En el caso de Baja California Sur no se han discutido reformas para la tipificación del feminicidio. Actualmente el Código Penal de ese estado, en su artículo 274, integra una atenuante al homicidio por “razón de honor” o “crímenes pasionales”.
En Coahuila hay una iniciativa pendiente para incluir el feminicidio como un tipo penal autónomo con elementos objetivos de accesible acreditación. Pero no plantea reformas a otras normatividades para implementar protocolos de investigación, o generar información estadística.
En Jalisco, en mayo pasado, se aprobó en comisiones del Congreso estatal una iniciativa de reforma para considerar al feminicidio como un agravante del homicidio calificado.
En Querétaro, grupos de mujeres solicitaron al gobernador, realizar observaciones a una supuesta tipificación del feminicidio, aprobada en abril pasado por el Congreso local, toda vez que sólo lo considera como un agravante de homicidio y no como un delito “autónomo”.
En Yucatán y Zacatecas no se han discutido reformas para la tipificación del feminicidio. Aunado a ello, sus códigos penales aún estipulan al homicidio por razón de honor como atenuante del crimen.
México ha recibido hasta la fecha 200 recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos, para erradicar la violencia contra las mujeres….y la situación empeora.
Sin embargo, son cifras “tentativas” que se quedan "cortas", pues no reflejan la realidad de lo que sucede. Si se menciona que un 46% ha sufrido violencia, significa que un porcentaje más elevado la ha padecido.
Muchas mujeres ni siquiera saben que viven inmersas en la violencia, otras tienen miedo a denunciar, o cuando se atreven a hacerlo, las mismas autoridades obstaculizan su intento y no las dejan denunciar, poniendo trabas y pretextos inimaginables. Además, ¿qué sucede con las mujeres cuyos rangos de edad son inferiores o superiores a los que manejó la encuesta?
En los últimos años se habla más de decapitaciones y ejecuciones, pero la violencia de pareja también deja huellas difíciles de borrar en mujeres, niñas y niños. Lo preocupante es que aunado a la permisividad de la violencia, la justicia es una aspiración peligrosa de conseguir para las víctimas.
Esta violencia sorda y muda en el hogar tiene sus orígenes en varios factores. Algunos de estos son el impacto del ingreso económico en el hogar, la convivencia de la familia en espacios cada vez más reducidos y el machismo imperante en la sociedad mexicana. La sociedad tiende a ver la casa como un ámbito privado, ajeno a lo público y a las leyes.
“Como la mujer tiene que maquillarse sus golpes, curarse como puede, decir que se golpeó con la puerta o que se cayó por las escaleras... Mientras no llegue al hospital ése es su problema”, dice Melgar al señalar que al parecer al Estado se le olvidó atender este tema.
Es cierto, las leyes que garantizan la protección y la seguridad de las mujeres en este país, no son eficientes, no son suficientes y no se aplican.
En México –a nivel federal– existen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y cada estado cuenta con una legislación sobre no discriminación y violencia intrafamiliar.
Existe una evidente falta de vinculación entre las diversas legislaciones que intervienen en un solo caso. De 240 sentencias analizadas en 15 tribunales superiores de justicia, solo cuatro mencionan a las Leyes de Acceso (1,66 por ciento), lo que habla de una desconocimiento fenomenal, que impide actuar. Esto contribuye muy poco al acceso de las mujeres a la justicia, tienen demasiadas palabras y pocas salidas judiciales, y su impacto está reducido al establecimiento o mandato de establecer refugios, unidades de atención especializada y sistemas de prevención. La Ley fue hecha a imagen y semejanza de la legislación española, con realidades muy distintas.
Mecanismos inoperantes:
En dicha ley (LGAMVLV), se establecen dos mecanismos de protección de las mujeres:
1. Alerta de Violencia de Género:
La Alerta de Violencia de Género se da cuando en un lugar determinado la violencia contra las mujeres es sistemática y reiterada.
No ha sido aplicado una sola vez, a pesar de que las asociaciones la han solicitado en cuatro ocasiones (son las autoridades quien tienen que activarla).
Según la Endireh 2011, el porcentaje de mujeres violentadas en el Estado de México es de 56.9 por ciento, es decir, en el último año casi 60 de cada 100 mujeres mexiquenses han sufrido algún incidente de violencia de pareja. Además, nunca se ha declarado la AVG en dicha entidad (ni en ninguna otra), a pesar de los altos índices de mujeres asesinadas y donde este fenómeno es común en cualquier municipio o colonia.
En este estado, donde habitan más de 15 millones de habitantes, y pese a su dimensión y el alto índice de casos de violencia contra las mujeres "no es necesaria una alerta por ataques en contra de la mujer o feminicidios", afirmó la especialista Jacqueline García Vázquez.
Hablando de otro estado, Jalisco… la coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, Yuridia Rodríguez, advirtió que la alerta de género no es castigo político para los gobiernos sino mecanismos que establece la propia ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, al considerar que Jalisco reúne las condiciones para su declaratoria.
“Es importante que las instancias encargadas entiendan que la alerta de género no es si existen las condiciones o no, la alerta de género la tienen que ver como se ve el Plan de Emergencia Nacional ante Desastres Naturales. Existe una situación emergente que se tiene erradicar y se van a dar recursos, no es un castigo político porque lamentablemente así la han hecho ver las instancias nuevas”.
Luego de que el Instituto de las Mujeres advirtiera que no declarará alerta de género, porque en la entidad no está tipificado el feminicidio y porque no existen las condiciones, Yuridia Rodríguez le recordó que Jalisco se encuentra entre los primeros lugares de violencia de género, luego de estados como Chihuahua, el Estado de México y Morelos.
Los gobiernos estatales impiden que se aplique dicha alerta y a su vez quienes conforman el Consejo imposibilitan su operación adecuada y transparente de un mecanismo que bien podría proteger a las mujeres y niñas de cada estado en riesgo.
2. Órdenes de Protección:
México también incumple con el mecanismo de apoyo a las mujeres que sufren de violencia, en el caso de las órdenes de protección, que a pesar de quedar reconocidas legalmente desde hace cuatro años, en los casos que sí se otorgan persiste el desconocimiento de parte de las autoridades.
Como vemos, los mecanismos para erradicar este flagelo son inoperantes, incluidos los refugios para mujeres, que en algunos casos no son seguros y muchos ni siquiera tienen recursos para operar..
TIPIFICACIÓN DE FEMINICIDIO INCOHERENTE:
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define por primera vez la violencia feminicida y establece que este delito se debe tipificar.
Desde abril pasado el delito de feminicidio quedó tipificado en el Código Penal Federal; en contraste, hasta ahora sólo 14 de las 32 entidades federativas del país han hecho lo propio y varias de ellas de manera “incorrecta”, ya que incorporan elementos “subjetivos” que dificultan la sanción a los responsables de un crimen que tan sólo de enero de 2010 a junio de 2011 dejó más de 2 mil víctimas en 24 estados.
Apenas en abril pasado el Congreso estipuló en el artículo 325 del Código Penal Federal el delito de feminicidio con penas que van de 40 a 60 años de prisión para los responsables, así como sanciones para servidores públicos que retarden o entorpezcan la investigación o la aplicación de la justicia.
En Oaxaca está a discusión una iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Penales a fin de que se indague adecuadamente el delito.
ANTE LA CEDAW:
El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países, entre ellos México.
El Comité de las Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU es el órgano experto establecido por la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Se compone de 23 miembros independientes e imparciales elegidos por los Estados Partes en el tratado. Los gobiernos deben presentar informes periódicos (cada 4 años) al Comité, quien, a su vez, formula propuestas y recomendaciones para mejorar el cumplimiento del tratado por parte del Estado en cuestión.
Sin embargo, no hubo respuestas concretas, ni datos claros que demuestren la efectividad de las acciones gubernamentales para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres.
“¿No es acaso justo hacer de la violencia y de las mujeres una causa de prioridad nacional?” preguntó al gobierno mexicano la experta francesa Nicole Ameline, integrante del Comité de Expertas de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación Contra todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) durante la 52 sesión realizada en las oficinas de la ONU ubicadas en Nueva York, tras escuchar la intervención de apertura de la sesión de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres Rocío García Gaytán.
La delegación de México fue cuestionada asimismo sobre los ataques sexuales a detenidas durante las protestas de 2006 en Atenco, Estado de México, sobre el que García Gaytán informó que pese al abuso a 26 mujeres “no hay ningún detenido”.
“Lo primero que debes crear es un marco jurídico. Para que ese marco funcione necesitas armonizarlo en todo el país, luego necesitas coordinación entre todas las instituciones relacionadas con el tema”, afirmó.
Un tema reiterado por parte de las Expertas del Comité, fue el nivel de protección con que cuentan mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos.
"¿Cuál es el progreso de las investigaciones de asesinatos y ataques de defensoras y periodistas entre 2010 y 2011? ¿Cuáles son los métodos y medidas, qué resultados hay y qué están contemplando para que estas medidas funcionen? ¿Qué protocolos con perspectiva de género se tienen para la atención, protección e investigación de defensoras y mujeres periodistas y que órgano es responsable de la aplicación de las medidas de protección para ellas?", preguntó una y otra vez la experta española y relatora para México Soledad Murillo de la Vega, y la experta Afgana, Zohra Rasekh.
Ante ello, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Dilcya García, aseguro que “hay una condena absoluta total y frontal por parte del Estado mexicano a la violencia contra cualquier defensora y cualquier periodista, reconocemos un problema relacionado con el fenómeno y la impunidad”, y acto seguido leyó la Ley de protección de defensoras y periodistas.
Estudios revelan que en el 2011, hubo 173 agresiones contra la prensa, de las cuales 9 son asesinatos de periodistas, 2 desapariciones, 2 asesinatos de trabajadores de medios de comunicación y 8 atentados contra casas editoras.
Hasta junio del presente año la situación no había mejorado. Varios escritores comentaron que éste es el peor año de la década, pues en el primer semestre se tienen registrados 83 casos de agresiones a periodistas, de los cuales hay 6 periodistas asesinados.
De las 32 entidades del país, Veracruz resalta como la más peligrosa, no sólo de México, sino de toda Latinoamérica para ejercer el periodismo, pues a la fecha tiene el mayor número de periodistas y medios agredidos, ya que en sólo 47 días, asesinaron a cinco reporteros.
Los estados con mayor número de periodistas agredidos del 2011 a la fecha son: Veracruz con 29; Distrito Federal con 21; Chihuahua con 15, Coahuila con 15 y Oaxaca con 11.
Durante la reunión con el Comité de Expertas, también se habló del tema del aborto. Sorprendidas por las enmiendas constitucionales realizadas en 17 entidades federativas para proteger la vida desde la “concepción-fecundación”, el Comité de Expertas recomendó -como en 2006- al gobierno mexicano armonizar la ley sobre el aborto.
En sus recomendaciones de 2006 las Expertas pidieron al Estado armonizar la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal y a aplicar una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a servicios de aborto seguros en las circunstancias previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia, medidas de concienciación sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, dirigidos en particular al personal sanitario y también al público en general.
La experta cubana Magalys Arocha Domínguez cuestionó si el gobierno ha analizado cómo estas enmiendas constitucionales pueden agravar las condiciones del aborto; cómo afectan las restricciones del aborto a las mujeres víctimas de violación por incesto y cómo ha incidido esto en un embarazo coercitivo.
Soledad Murillo de la Vega cuestionó al Estado mexicano la incongruencia de tener una Fiscalía especial para investigar la trata sin facultades en crimen organizado y pidió se explicara cómo a un tratante se le aplican cinco años de prisión y a una mujer por abortar 35 años de cárcel. No se pueden tener 16 mil violaciones y 3 por ciento de condena, no nos cuadran los datos, concluyó.
Sin embargo, las representantes de México reafirmaron su compromiso para promover los derechos humanos de las mujeres, subrayando importantes avances en esa materia y reconociendo al mismo tiempo desafíos que se están atendiendo.
Rocío García Gaytán, quien encabezó la delegación mexicana, subrayó que entre los avances más trascendentes se encuentran la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, por la cual adquieren rango constitucional los tratados internacionales y la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Adicionalmente, se subrayó el compromiso del Estado en la lucha contra la impunidad y se presentaron los datos correspondientes a los últimos seis años en materia de averiguaciones previas y sentencias relacionadas con delitos como la violación sexual, el estupro y la violencia familiar.
Los compromisos no bastan, son los hechos los que cuentan, y la impunidad que prevalece en México en cuestiones de derechos para las mujeres es de magnitudes atroces.
En término generales, así de inciertos, evasivos y sin fundamentos, fueron los informes “oficiales” que se presentaron ante el Comité de expertas de la ONU por parte del Gobierno Mexicano. Ahora veamos la otra versión, la real, la que presentaron ante la CEDAW varias organizaciones de la sociedad civil. A estos documentos de la sociedad civil se les denomina “informes sombra”.
...a la luz van los oficiales, y tras ellos, la cruel realidad que la sociedad ya no está dispuesta a callar.
Informes sombra:
Representando a miles de mujeres, más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil llevaron a Nueva York 18 informes perfectamente documentados sobre cómo los gobiernos locales y el federal han dejado en la indefensión a millones de mujeres y niñas. Expusieron la situación no oficial de los derechos humanos de las mujeres en México. 
Las activistas advirtieron que algunas de las tipificaciones estatales no se realizaron de manera correcta, ya que no plantearon reformas a otras normatividades para implementar protocolos de investigación o generar información estadística.
Además, dijeron, carecen de protocolos que garanticen una investigación adecuada con perspectiva de género. También observaron que algunos códigos penales estatales –donde no está tipificado el feminicidio– contemplan circunstancias como “los celos y la infidelidad” que dificultan la sanción de los homicidios contra mujeres.
MEDIDAS URGENTES:
El Comité de expertas envió un mensaje claro a las autoridades Mexicanas: hay que tomar medidas urgentes para cumplir con su obligación de proteger los derechos de las mujeres y poner fin a la discriminación, violencia e impunidad.
* Capacitar a las fuerzas armadas y cuerpos policiacos en derechos humanos, particularmente los de las mujeres, y establecer un estricto código de conducta para garantizar el respeto de las garantías a este sector.
* Unificar los códigos penales estatales y establecer en ellos la figura de feminicidio y desapariciones forzadas. Esto, a raíz de que en estados como Veracruz, Chihuahua y Nuevo León, la desaparición forzada no constituye un delito, por lo que ha aumentado la comisión de dichos crímenes.
* Indica que los tres niveles de gobierno deben estandarizar los protocolos policiacos para la atención e investigación de asesinatos de mujeres y desapariciones forzadas, e instaurar nuevos, que permitan a las autoridades actuar eficazmente ante las denuncias de estos crímenes.
* Se hace hincapié en la necesidad asignar recursos a nivel federal y estatal para asegurar el cumplimiento de la Ley General de Trata de Personas, así como la de Protección a Víctimas.
* Mención aparte merecen los señalamientos del reporte en materia laboral pues de acuerdo con el documento, tres de cada 10 mujeres en el país han padecido violencia y abuso o acoso sexual en sus centros de trabajo. Asimismo la CEDAW señala que el 56.6% de la población femenina trabajadora forma parte del sector informal de empleo y por tanto carece los beneficios de la seguridad social. Lo anterior, debido a la falta de una reforma laboral que garantice igualdad de oportunidades en el mercado laboral así como por la ausencia de un órgano que monitoree y sancione las prácticas discriminatorias en el campo laboral así como la falta de protocolos de intervención para prevenir el acoso sexual tanto en el sector público como el privado.
* En el informe el Comité expresa su “profunda preocupación” ante el alarmante aumento de los feminicidios en varios estados de la República Mexicana.
* Se recomienda asegurar la justicia, verdad y reparaciones para las mujeres víctimas de tortura, incluso la violencia sexual, en San Salvador Atenco en el 2006.
* En materia de derechos sexuales y reproductivos, es también importante el reconocimiento del Comité del peligro que implican las reformas constitucionales en ciertos estados, las que, en la práctica, pueden aumentar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres al intentar acceder a los servicios legales y seguros de aborto.
* También el Comité urge al estado Mexicano garantizar el acceso a los servicios de salud para las mujeres indígenas, lo cual es esencial para destacar la desigualdad y discriminación que sigue afectando a muchas mujeres y niñas indígenas.
Amnistía Internacional insta a las autoridades mexicanas a cumplir con las recomendaciones del Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW ), las cuales fueron emitidas el 27 de julio de 2012.
Ante foros internacionales, el gobierno mexicano frecuentemente se compromete a asumir sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero ese compromiso usualmente no se convierte en acciones y resultados concretos en México. Muchas iniciativas gubernamentales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres no han tenido impacto. Sin embargo, es imprescindible que el compromiso de erradicar la discriminación y violencia de género se convierta en una política de Estado que transforme de forma integral la situación que las mujeres y niñas padecen en México.
La impunidad alcanza cifras impresionantes. Los estudios más serios coinciden en señalar que se castiga menos del 1% de los delitos cometidos. Según Guillermo Zepeda, que es el autor del más amplio estudio sobre la impunidad y la ineficacia del sistema penal en México, la posibilidad de que el probable responsable de un delito llegue ante la autoridad judicial (es decir, solamente que llegue ante el juez, no que sea condenado) es del 3,3% del total de delitos denunciados.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio, insiste en que México tiene “un problema grave de impunidad y falta de acceso a la justicia. Se genera un patrón de impunidad en la medida en que el Estado no investiga, no sentencia, a pesar de tener un marco normativo. Los operadores jurídicos siguen discriminando a las mujeres y no investigan, es más, las desacreditan diciendo cosas como que andaban en prácticas de riesgo o que no se resistieron a una violación”, afirma.
Estrada menciona casos en los que, por ejemplo, las autoridades tardaron meses en extraer pruebas del cuerpo de las víctimas. En otros casos, en los que los cuerpos de las mujeres aparecen mutilados, las autoridades se niegan a certificarlo como feminicidio a no ser que la mutilación sea de los senos. “Si tienen amputadas las piernas o si tienen decenas de puñaladas, no parece suficiente ensañamiento”, ironiza. En muchas ocasiones, son las propias familias las que tienen que iniciar investigaciones, con riesgo para su vida.
El observatorio insiste en la importancia de crear y mantener registros y bancos de datos que permitan conocer el contexto y las cifras reales. Se trata, además, de una de las recomendaciones que la CEDAW ha hecho en otras ocasiones. De esta forma, los datos serían más fiables, menos manipulables y más accesibles, es decir, todo lo contrario a lo que sucede ahora. Actualmente, no todos los estados contemplan la figura del feminicidio y muchos asesinatos de mujeres no se contabilizan como tal, lo que tergiversa las estadísticas.
Por otro lado, tampoco se contabilizan las desapariciones de mujeres, que se cuentan por miles. En muchos de los casos, mujeres que desaparecieron son encontradas asesinadas. En otros, simplemente nunca más se vuelve a saber de ellas. Tanto el observatorio como la CMDPDH han observado la relación entre las desapariciones de mujeres, los feminicidios y los corredores de trata de personas que recorren el país. “En muchos casos de mujeres asesinadas se había denunciado su desaparición pero nadie hizo nada por buscarlas. La desaparición en sí no es un delito, hay otras formas jurídicas, por tanto no se investiga como si hubiera un delito”, explica Rodolfo Domínguez, que aboga por sancionar a las autoridades que no cumplen con su deber, así como por un cambio radical en las políticas públicas.
El Estado es totalmente responsable. Se exige el fin de la impunidad, pero también trabajar por que los nombres de las mujeres asesinadas queden limpios tras las acusaciones machistas de las que son objeto.
Las asociaciones critican que el Estado se escude en la violencia del narco para justificar los feminicidios y atacan la militarización. “Dicen que en el norte las mujeres asesinadas tenían lazos con el narco, ¿cómo lo saben si no hay ni investigaciones?”, se pregunta la coordinadora del observatorio. “La política de seguridad ha demostrado el riesgo que conlleva la militarización para la seguridad de las mujeres, que han sido objeto de múltiples vejaciones por parte de las fuerzas armadas. La impunidad prevalece ante estas situaciones debido al fuero castrense, lo que, en lugar de disminuir la violencia hacia las mujeres, la aumenta”, destaca la coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos.
¿HAY SOLUCIÓN?
Se dice que México avanza en materia de la no discriminación hacia las mujeres, pero existen inconsistencias y muchas asignaturas pendientes por llevar a cabo, como lo es el reeducar a la población para evitar la violencia de género, la misoginia, la exclusión de las mujeres lesbianas, las transgénero y transexuales, así como el maltrato de la mujer en el ámbito familiar, educativo, laboral y de salud.
Los congresos federal y locales han legislado sobre un conjunto importante de leyes de equidad de género, entre ellas la Ley de Igualdad de la Mujer y el Hombre, así como la de una Vida Libre de Violencia de la Mujer, y desde luego la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, reglamentario del artículo 1 constitucional, párrafo tercero (hoy quinto por las modificaciones publicadas en junio de 2011).
Sin embargo, ¿de qué sirve crear leyes, reglamentos, firmar convenios y tratados internacionales si finalmente NO se aplican?
La apatía de las autoridades es el patrón de conducta que encontró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como generador de un círculo de vicioso que motiva mayor violencia.
Para combatir la violencia que generan el odio y la discriminación es necesario poner énfasis en la educación. Las leyes, las denuncias y las campañas ayudan, sin duda, pero educar con mentalidades distintas y una cultura basada en la tolerancia y el respeto por la diversidad, sólo será posible si se instrumenta una buena educación que sirva a las nuevas generaciones.
Es importante y urgente que particularicemos, que hablemos de los casos, que pongamos en evidencia las historias, que hagamos visibles a las mujeres víctimas de delitos y de feminicidios, es importante que nos indignemos, que no olvidemos que detrás de las cifras están las historias de las víctimas de los crímenes. Es necesario que esa indignación nos lleve a exigir justicia, a exigir que se solucionen problemáticas concretas que afectan las vidas de las mujeres –que se eliminen tanto las violencias de la vida privada como las de la vida pública-, a exigir que haya justicia gratuita y expedita para las víctimas, castigo para los delincuentes y erradicación de la corrupción que impide que esto se cumpla. No podemos permitir que las violencias contra las mujeres y los feminicidios pasen como meras cifrasal discurso oficial de un país envuelto en un clima generalizado de violencia.
Por último, aunque resulte irónico o parezca absurdo, recordemos la definición que la LGAMVLV establece sobre la Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige.
MUJER:
México se desangra por nosotras, las mujeres que hemos nacido en su seno y donde intentamos vivir libres de todos los tipos de violencia...¡es nuestro derecho fundamental!
Hay que crear y respetar los nuevos modelos e, incluso, desafiarlos; exigir nuestros derechos, que ya lo son; no permitir discriminaciones o violencia, ni verbal, aun viniendo de nuestros padres y jefes, mucho menos de una pareja.
AUTORIDADES:
¡BASTA DE IGNORAR Y OCULTAR LA DEPLORABLE SITUACIÓN QUE LAS MUJERES DE ESTE PAÍS PADECEMOS!....ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ES RESPONSABILIDAD DE TODOS, PERO PRINCIPALMENTE DEL ESTADO MEXICANO.
¡BASTA DE IGNORAR Y OCULTAR LA DEPLORABLE SITUACIÓN QUE LAS MUJERES DE ESTE PAÍS PADECEMOS!....ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ES RESPONSABILIDAD DE TODOS, PERO PRINCIPALMENTE DEL ESTADO MEXICANO.
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Fuentes:
http://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.mx/2012/07/presentacion-del-libro-desaparecidas-en.html
INEGI
http://www.yancuic.com/yancuic/noticia/1746
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/editorial.php?id=6849
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/07/18/95318556-preocupa-violencia-contra-defensoras-de-dh-y-periodistas-en-mexico-cedaw/
http://yancuic.com/yancuic/noticia/1670
http://rotativo.com.mx/reginacantu/mujeres-en-la-sombra-lydia-cacho-plan-b/100903/html/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf
http://pulsociudadano.com/2012/07/edomex-el-lugar-mas-peligroso-para-las-mujeres-en-todo-el-territorio-mexicano/
http://www.elvistobueno.com.mx/2012/07/mexico-el-pais-mas-peligroso-para-el-periodismo-hidalgo-entidad-segura-para-ejercer/
http://www.jornada.unam.mx/2012/06/21/sociedad/043n1soc
http://www.jornada.unam.mx/2012/07/25/politica/015n2pol
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/12072305-El-Estado-olvido-at.50311.0.html
http://www.comunicarigualdad.com.ar/alerta-de-violencia-de-genero-para-las-mexicanas/
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=30554&Itemid=26
http://www.notisistema.com/noticias/?p=516178
http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/393834/6/olvidan-tipificacion-del-feminicidio-como-delito.htm
http://ciudadania-express.com/2012/07/31/ai-urge-a-mexico-combatir-violencia-contra-mujeres/
http://www.feminicidio.net/noticias-de-violencia-de-genero-de-espana-y-america-latina-clasificadas-por-paises/3029REPORTAN%20DESAPARICI%C3%93N%20DE%2018%20MUJERES%20DURANTE%20JUNIO%20EN%20JU%C3%81REZ.html
http://www.vanguardia.com.mx/mexicodebecambiarestrategiaparaevitarviolenciacontralasmujeresonu-1347745.html
http://www.vanguardia.com.mx/comisionadodelaonullamaalestadomexicanoaterminarconfeminicidios-1345923.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/2012/08/06/mexico-permiso-para-matar-mujeres/
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=680769
http://analisisafondo.blogspot.mx/2012/07/informe-sombra-cedaw-el-estado-no-ha.html
